El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a abrir una crisis entre el Govern y los Mossos d’Esquadra al exigir una purga en la Consejería de Interior y en la cúpula policial tras la actuación de los agentes autonómicos durante los disturbios del jueves, Día de la Constitución, en Gerona y Tarrasa como consecuencia de sendas movilizaciones convocadas por plataformas antifascistas, con el apoyo de la CUP, contra actos del partido de extrema derecha Vox.
Tras aquel llamamiento de Torra a los CDR a «apretar» horas después de que estos pintaran y lanzaran objetos contra los Mossos el pasado 1 de octubre, el doble juego del presidente catalán ha vuelto a exasperar a su propia policía. Por un lado, el Govern da la orden a sus antidisturbios de proteger las manifestaciones de Vox en Gerona y Tarrasa; por el otro, reniega de la actuación policial desplegada para cumplirla. El divorcio se produce, además, a dos semanas del 21 de diciembre, fecha en que los CDR preparan una protesta masiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende reunir al Consejo de Ministros en Barcelona. El escenario puede volver a enfrentar a manifestantes independentistas y mossos en la calle. Y con un Torra que nadie sabe de qué lado estará.
EL ULTIMÁTUM
El jueves no estaba del lado de los Mossos, y por eso el president convirtió la Consejería de Interior en una olla a presión para el conseller Miquel Buch, el secretario Brauli Duart y el director del cuerpo, Andreu Martínez, que por la tarde había calificado la actuación de los Mossos en Gerona de «adecuada y correcta». Los tres quedaron aprisionados entre Torra -y la CUP- y los jefes de los Mossos, que defendían la proporcionalidad de las actuaciones en ambas ciudades y ponían el foco en el bando opuesto: la violencia de los manifestantes. El balance de heridos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) fue de 20 policías por cinco manifestantes.
Un día después ha resultado evidente que las llamadas entre Torra y la consejería no acabaron en acuerdo, y en un encuentro con periodistas desde Eslovenia, el president le ha lanzado un ultimátum a Buch de cuatro días para que tome cartas contra los Mossos. Aunque minutos después, ante los micrófonos encendidos, Torra ha moderado el tono, ha seguido prometiendo que habrá «cambios».
A Buch el ultimátum le ha pillado por sorpresa. Porque esta mañana, a diferencia del director de los Mossos, quien se pronunció antes de los altercados en Tarrasa y de que Maria Sirvent, diputada de la CUP, resultara herida por el impacto de un proyectil de foam, el conseller ya había endurecido su gesto hacia la policía catalana. Buch acababa de asegurar públicamente que revisarán las imágenes y que no va a «temblarle el pulso» si hay «que echar a algún agente de la Brigada Móvil (Brimo)».
También había afirmado que algunas de estas imágenes «no se corresponden con los principios de una policía democrática». Las palabras no han servido para desactivar el torpedo de Torra desde Eslovenia. Aunque sí han funcionado para indignar a los agentes de los Mossos, con quienes mantiene desde hace meses un duro pulso a causa de las condiciones laborales perdidas por los funcionarios, y con los sindicatos, que han vuelto a pedir su dimisión.
DESAUTORIZADOS
La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos, adscrita a la dirección general y no dependiente de la cúpula policial, es el órgano encargado de valorar si existió o no mala praxis por parte de los antidisturbios, tal como denuncia la CUP, formación que apoyaba las contramanifestaciones y que también exige la dimisión de Buch y «una cadena de ceses» dentro del cuerpo autonómico. En una de las imágenes que han circulado por las redes sociales sobre el episodio de Gerona se observa a algunos agentes ARRO -no de la Brimo- golpear a un manifestante en clara actitud de retirada.
Pero el intervencionismo desde Eslovenia de Torra ha dinamitado la confianza en su propia policía para revisar cualquier acción polémica. También obliga a Buch a cortar cabezas sin tiempo para analizar todas las imágenes y tomar declaraciones a los agentes y a los testigos oculares. President y conseller se reunirán mañana en un encuentro al que Buch deberá acudir «con los deberes hechos».
Los sindicatos de los Mossos califican la reacción de Torra de «grave irresponsabilidad», en palabras del portavoz de SAP-FEPOL, Toni Castejón, porque ha puesto el «foco» sobre los agentes en lugar «de condenar» el «ataque organizado de gente violenta» que sufrieron los antidisturbios. USPAC, por su parte, ha pedido a Torra que rectifique y emprenda acciones precisamente contra estos manifestantes. La plataforma interna de MosS.O.S., le pregunta: «¿Quiere que dejemos a los violentos campar a sus anchas por nuestras ciudades?».
