El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha criticado hoy que en España se renueven determinadas políticas legislativas "sin saber si han fracaso o triunfado, salvo por aspectos superficiales y a veces simplemente, ante tirones de opinión popular".
Torres-Dulce ha impartido la conferencia "El fiscal ante la reforma de la Justicia" en la Universidad Católica de Valencia, donde ha afirmado que muchas reformas legales acometidas en este país no tienen éxito porque en España "jamás se hace una auditoría de cómo funciona una ley".
Se renuevan determinadas políticas legislativas, ha dicho, "sin saber si han fracaso o triunfado, salvo por aspectos superficiales y a veces simplemente, ante tirones de opinión popular y con vigencias en bolsas de votos".
También ha lamentado que se importen "productos legislativos tóxicos" que han fracasado en otros países o que obedecen "a estructuras y naturalezas sociales, económicas o jurídicas bien distintas y que no producen beneficios", y que "jamás se haga una reflexión real de los costes económicos de una ley".
Al respecto, ha reconocido que la reforma de la justicia "es cara", pero los beneficios que pueden derivarse de invertir en ella, como en sanidad o educación, "son exponencialmente importantes para un país" y, ha añadido, "muy exigibles".
En este sentido, ha defendido que los procesos judiciales en España no son "tan pesados" como se tiende a pensar, pues un proceso en primera instancia es de 272 días, algo por encima de la media europea (238), pero por debajo de países como Francia (274) o Reino Unido (350).
"Tenemos una idea de un funcionamiento muy eficaz en cuanto a países como Francia y sobre todo los países anglosajones", ha manifestado el fiscal, quien ha señalado que los países con procedimientos más cortos son aquellos que destinan mayor presupuesto a la modernización de la justicia.
Ha añadido que es habitual que se dedique la mayor parte del presupuesto para Justicia a los gastos de personal, partida que en el caso de España "bloquea" el 77 por ciento del presupuesto de Justicia, y deja el 23 por ciento restante a nuevas tecnologías y modernización.
Al respecto, Torres-Dulce ha asegurado que el retraso de España en esta materia es "descomunal" y ha criticado que en la pasada legislatura se invirtieron "casi 700 millones de euros en proyectos de tecnología que no han logrado sino una mediana digitalización de la Audiencia Nacional".
En su opinión, "invertir en tecnología de la información y de la comunicación es invertir en eficiencia y productividad", si bien considera necesario abordar, además, "esa facilidad para litigar que tenemos los españoles", que genera "saturación en los servicios".
Torres-Dulce ha subrayado la falta de personal que padece el Ministerio Fiscal, pues según ha dicho, los 5.000 jueces existentes en España cuentan con 41.000 funcionarios de apoyo, mientras que los 2.400 fiscales, disponen de 1.900 funcionarios.
Por último, ha destacado que en febrero presentará un libro blanco al Gobierno con una radiografía del Ministerio Fiscal y sus exigencias, entre ellas, la oficina del fiscal y el fomento de unidades especializadas, para hacer frente a casos como el accidente ferroviario de Santiago, el Prestige o el de la niña Asunta Basterra.
