El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha recordado este viernes que el proceso participativo del 9-N ya se encuentra judicializado desde antes del pasado domingo, con la querella interpuesta por Societat civil Catalana el sábado ante un juzgado de guardia de Barcelona. Asimismo, interpelado por los periodistas sobre la querella anunciada de la fiscalía contra Artur Mas, Torres-Dulce ha insistido una vez más en que es la Fiscalía Superior de Cataluña la que debe valorar si actúa o no contra el 'president'.
"No es necesario que el ministerio fiscal lleve a los tribunales el asunto, que ya está incluso antes del 9-N en manos del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, y nosotros tenemos que dictaminar si tenemos que interponer una querella y si lo entendemos procedente. Lo haremos cuando estimemos que disponemos de todos los elementos para plantear la querella", ha aseverado durante un desayuno informativo en Burgos. Sin embargo, a renglón seguido ha insinuado que, en el caso de no hallar todos los elementos, podría no presentarse la denuncia. El fiscal general del Estado ha reiterado que se actuará "en los tiempos de la legalidad".
Por otra parte, Torres-Dulce ha rechazado tajantemente haber recibido indicaciones del poder político. "Yo desde luego puedo decir que no he recibido presiones del Gobierno. Me imagino que mis compañeros tampoco han recibido presiones de la Generalitat", ha zanjado el fiscal general del Estado.
Finalmente, ha explicado que no se adoptaron medidas cautelares contra el 9-N al considerar que era una medida desproporcionada que podría generar "desequilibrios" en el propio proceso, puesto que cada juzgado podría haber actuado en el marco de su jurisdicción, cerrando solo una serie de colegios.
