El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tiene luz verde para presentar una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, usurpación de funciones, prevaricación y malversación de caudales públicos por el 9-N tras lograr el apoyo casi unánime de la junta de fiscales de sala. La demanda se presentará en los próximos días en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y se redactará en Madrid.

El debate se prolongó durante más de cuatro horas. Con él, culminaron las actuaciones de Torres-Dulce ante la celebración del proceso participativo. Y es que el fiscal del Estado alertó al Gobierno de Mariano Rajoy de que Mas no iba a obedecer al Tribunal Constitucional y les propuso acordar unas medidas cautelares para impedir la colocación de las urnas el 9-N. Sin embargo, no logró el respaldo del Ejecutivo central, ya que en Moncloa estaban convencidos de que el proceso iba a ser organizado por la sociedad civil. No obstante, las alarmas saltaron y ya desde el domingo, Torres-Dulce conocía que el Gobierno era partidario de responder con una querella a la consulta participativa, según fuentes conocedoras de esas conversaciones.

REFLEXIONES La fiscalía comenzó a recabar datos para esta demanda desde el sábado y el lunes, Torres-Dulce realizó "unas reflexiones" sobre la comisión de delitos que remitió al fiscalsuperior de Cataluña, José María Romero de Tejada, según fuentes fiscales.

En la sesión de ayer, 23 fiscales de 25 dieron la razón a Torres-Dulce en su pugna con los fiscales catalanes. Pedro Crespo (fiscal jefe de lo contencioso del Tribunal Supremo) y Bartolomé Vargas (fiscal jefe de seguridad vial) expusieron objeciones. El primero alegó que el Tribunal Constitucional no forma parte