El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado este jueves su dimisión. Según ha informado en una nota la Fiscalía General del Estado, Torres-Dulce ha comunicado ministro de Justicia, Rafael Catalá, que abandona su cargo "por razones personales".

Torres-Dulce regresará a su plaza en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, según añade la misma nota.

El dimitido fiscal general ha protagonizado sonadas desavenencias con el Gobierno de Mariano Rajoy, dado que este siempre ha intentado preservar su autonomía con decisiones que no han sido del agrado del Ejecutivo popular. Sin embargo, desde la última reforma del Estatuto Fiscal, el Gobierno no puede destituir al máximo representante de la fiscalía, de ahí que para que alguien abandone este puesto, la única opción es que él renuncie, como ha sido el caso.

CHOQUE A CUENTA DEL 9-N

El encontronazo más sonado entre el fiscal general y el Ejecutivo del PP tuvo que ver con la consulta soberanista, dado que Torres-Dulce no actuó con la rapidez que al Gobierno le hubiese gustado a la hora de interponer una querella contra Artur Mas. Que la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, anunciase públicamente la interposición de la demanda fue una de las gotas que colmó el vaso, dado que Torres-Dulce siempre ha querido preservar la imagen de la Fiscalía General como una institución autónoma del poder ejecutivo.

Así, en su última comparecencia en el Congreso, se revolvió contra la oposición, quien le acusó de actuar al servicio gubernamental. Torres-Dulce negó "haber sido presionado" y aseveró que se sentía "ofendido" ante la posibilidad de que las fuerzas políticas piensen que actúa al dictado. "No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer", señaló, y para completar su argumentación recordó varias de sus decisiones contrarias a los intereses del Ejecutivo, como la acusación ejercida por la Fiscalía en el 'caso Bárcenas', otra de sus actuaciones que más ha molestado en el Palacio de la Moncloa.