El mayor Josep Lluís Trapero prestó declaración tres veces en la Audiencia Nacional. La primera vez, el 6 de octubre, cuando acudió de uniforme, pese a que estaba citado como imputado por la actuación de los Mossos d'Esquadra el 20 de septiembre. La segunda fue el día 16, después de que la fiscalía aportara un atestado sobre el 1-O, por el que no se le preguntó la vez anterior. La tercera fue en febrero. En las grabaciones de sus primeras comparecencias en el Juzgado Central de Instrucción número 3, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, protagoniza algunos encontronazos con el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, al defender la actuación del cuerpo policial que dirigía.

Trapero acude por segunda vez a la Audiencia Nacional, esta vez en traje de chaqueta, solo 10 días después de su primera comparecencia y tanto él como la jueza Carmen Lamela y el fiscal intentan no repetir la declaración del día anterior, pero lo ocurrido el 20 de septiembre con los detenidos y una cuarentena de registros por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona centra gran parte de la declaración. Y va perdiendo la paciencia a medida que comprueba que ni la jueza ni el fiscal creen sus explicaciones sobre el registro en la Conselleria d'Economia. Termina diciendo que, desde su criterio, "hubiese sido suicida llegar a los coches (de la Guardia Civil, que quedaron destrozados)". "Habríamos liado un problema de orden público que aún lo estaríamos… En el momento en que nosotros llegamos, no hay otra gestión responsable", asegura tenso.

ENFOCADOS

Pero ese día también habla del 1-0. Defiende la actuación de los Mossos, en cumplimiento del mandato del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), como hacen con todas las órdenes judiciales. Tras negar conocer la palabra Enfocats, considerada la hoja de ruta del proceso secesionista, hasta leerla en un atestado policial, el exjefe de los Mossos asegura que la orden de clausurar los colegios la tenían todos los cuerpos policiales y también era practicable los días previos al 1-O. Insistió en que gracias a la policía catalana "340 colegios ya no abrieron" y se intervinieron 421 urnas. "Abrieron los otros 2.000, los mismos que para los otros cuerpos policiales", se defendió Trapero a preguntas del fiscal.

En cuanto a los vídeos de mossos el mismo 1-O, recabados por la Guardia Civil, sobre la inactividad de los agentes y su complicidad con la votación ilegal, Trapero explica que son 24, pero Asuntos Internos ha revisado 28. Respecto a cinco de ellos se abrieron informaciones reservadas. Sostiene que los demás son "muy parciales", muy cortos y "falta contexto" que explique la actitud de los agentes. "Si hay conducta negligente, se incoa una información y en su caso se les sanciona", precisa. Muestra su extrañeza porque en ningún caso se haya pedido el número identificativo a los agentes sospechosos.

Al ser preguntado sobre las agresiones de ese día, Trapero responde que "no están justificadas para nadie y habrá que denunciarlas e investigarlas", y aprovecha para destacar "la lealtad de mossos" con la referencia a no perturbar la seguridad ciudadana que la jueza del TSJC Mercedes Armas hizo constar en el auto en el que ordenaba cerrar los colegios. "Verbalmente, delante de los cuatro mandos judiciales, nos pidió que actuáramos con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social. Con esa convicción cumplimos las órdenes", aseveró.

CONTRAVIGILANCIA

Trapero también niega categóricamente haber realizado servicios de contravigilancia a altos cargos de la Generalitat investigados por su colaboración con el 1-O. "Ante posibles investigaciones, por supuesto, ningún tipo de protección", aseveró. Y negó la conversación entre el entonces director general de los Mossos, Pere Soler, y el director de Patrimonio, Francesc Sutrias, en el que se la garantizaba. "Sutrias no ha tenido contravigilancia. Ninguna es ninguna", negó Trapero.