Menos de dos meses le bastaron al Ministerio de Medio Ambiente para derogar el trasvase del Ebro por decreto y aprobar un plan alternativo que, según su titular, Cristina Narbona, llevará "más agua, más barata y antes" a las regiones a las que beneficiaba la polémica iniciativa del PP. La decisión fue incluso más allá de lo prometido en la campaña electoral --la mera paralización del proyecto--, lo que ha contribuido a poner en pie de guerra a Valencia y Murcia, que ya han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad contra la decisión.
La alternativa prevé proporcionar 1.058 hectómetros cúbicos anuales de agua, más de la mitad de los cuales se obtendrían por desalinización, una tecnología que aún despierta recelos sobre su efectividad.
En un parecido lapso de tiempo la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, ha logrado recomponer el maltrecho calendario de puesta en marcha del AVE. Su principal compromiso es que el tren de alta velocidad entre en Barcelona en el año 2007, tres años después de lo que prometió Francisco Alvarez-Cascos.
En cuanto a los afectados por el Prestige , el Gobierno anunció que financiará el fondo de indemnizaciones, además de créditos blandos y una reforma legal que permita reclamar daños y perjuicios futuros.
El nuevo Ejecutivo apuesta por el transporte público y, en materia de tráfico, por la mano dura con los infractores, causantes de las más de 4.000 muertes anuales que registran las carreteras. El eje sobre el que basculará esta nueva política es la implantación en el plazo de un año del carnet de conducir por puntos. Cada sanción, además de costar dinero, resta puntos hasta la retirada del permiso por el plazo de un año. Es el principal compromiso en esta materia del ministro del Interior, José Antonio Alonso, y ha sido aplaudido por todos los sectores.
