El Tribunal de Cuentas ha decidido ampliar en 15 días hábiles el plazo límite para que el expresidente de la Generalitat Artur Mas haga efectiva la fianza de 5.251.948 euros que le impuso el pasado 25 de septiembre, de forma solidaria junto a tres de sus 'exconsellers' y cinco cargos y excargos de la Generalitat por el uso de fondos públicos para sufragar la consulta del 9-N.

El plazo para hacerla efectiva terminaba este jueves, pero Mas solicitó el lunes una prórroga al mismo tiempo que aportaba en una entidad bancaria 2,2 millones de euros. Su abogado en este procedimiento, Rafael Entrena, solicitó entonces al tribunal fiscalizador que ampliara el plazo hasta el 20 de octubre para sufragar el resto de la fianza.

El Tribunal de Cuentas ha decidido concederle 15 días más hábiles a contar desde el momento en que reciba oficialmente la notificación, por lo que previsiblemente el plazo concluirá el día solicitado por la defensa.

La liquidación provisional correspondiente a la denuncia presentada por la consulta del 2014 por la Sociedad Civil Catalana, Associació Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución, que en todo momento contó con el apoyo de la Fiscalía, cifraba la fianza a pagar en 4.831.599,03 euros, más los intereses generados hasta el momento, que ascienden a 420.349,14 euros.

Distintas partidas

Mas, en calidad de máximo responsable de la Generalitat en 2014 debe responder por todas las partidas. La más alta es la relativa a la adquisición de ordenadores para las mesas de votación, que asciende a 3.044.399,09 euros, que deben afrontar solidariamente tanto él como la excosellera Irene Rigau. A Francesc Homs se le atribuye la responsabilidad por 2.127.580,09 euros por varias partidas (publicidad, elaboración del soporte informático, envío de información, centro de información y centro de prensa). A Joana Ortega, por las partidas relativas al registro de la página web, material para la votación, seguros para los voluntarios, soporte informático y campaña informativa se le exigen 839.520,26.

En total, el Tribunal de Cuentas divide así el gasto que supuso el 9-N: registro de una página web institucional (80,49 euros); material para la votación (54.694,92); ordenadores (3.044.399,09); publicidad institucional (876.560,63); seguros de voluntarios (1.531,87); soporte informático (759.470,76); envío de información (334.755,47); centro de prensa (156.793,23), y producción de la campaña informativa (23.661,71).

Aparte de Mas y los 'exconsellers' Homs, Rigau y Ortega, el Tribunal de Cuentas atribuye responsabilidad a los cargos y excargos de la Generalitat Lluis Beltrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Jaume Domingo.