El Gobierno no podrá ejecutar un futuro acuerdo que ordene expresamente la exhumación de Francisco Franco sin dar la oportunidad a la familia de impugnar este acuerdo concreto, que todavía no se ha adoptado por parte del Ejecutivo, de nuevo ante el Tribunal Supremo. Así lo dice la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano tras rechazar ayer la paralización de la salida del dictador del Valle de los Caídos, solicitada como medida cautelar por los nietos de Franco mientras se resuelve sobre el fondo del recurso que han presentado contra la orden del Consejo de Ministros que inició el proyecto para sacar los restos de la basílica.
Sin embargo, la Moncloa prevé aprobar la orden para trasladar el cadáver de Franco a principios de año, según fuentes gubernamentales, informa Juan Ruiz Sierra. Lo más probable es que ese decreto sea aprobado a principios de febrero, pero se podría adelantar a finales de enero.
En todo caso, el Ejecutivo ya tiene perfilada la vía para impedir que los restos del dictador recalen en la cripta de la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Los colaboradores del presidente explican que alegarán en las próximas semanas motivos de seguridad, así como el hecho de que si Franco va a parar a este templo, el dispositivo para garantizar que no es exaltado ni profanado sería de tal magnitud que los familiares de los otros fallecidos que se hallan en el recinto (que acoge a una parte de la oligarquía española del siglo XX) verían cercenado su derecho de visitar las tumbas con normalidad. A juicio del TS, el acuerdo del Gobierno recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos de Franco ni produce una situación irreversible que haga perder la finalidad del recurso. Aún queda pendiente la resolución sobre el fondo del asunto.
La exhumación de Franco, aclara el Supremo, «no podrá ser ejecutada sin que previamente los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva».
