El tripartito estudia llevar al juez la gestión de Pujol

Castells presentó ayer una acusatoria auditoría de 1.851 páginas en las que se retratan de forma pormenorizada, con profusión de documentos inéditos, la herencia recibida por el tripartito tras casi un cuarto de siglo de pujolismo. No se trata de la herencia económica (el ya denunciado déficit real de 1.177 millones de euros), sino de una muy larga lista de irregularidades en la gestión, convertidas según el tripartito casi en norma por CiU en su etapa de gobierno, que incluyen, por ejemplo, millonarios contratos adjudicados sin publicidad, contratos blindados para altos cargos, subvenciones sin apenas control, polémicas decisiones de última hora antes de las elecciones.

El consejero aclaró que el encargo no consistía en buscar indicios de delito departamento por departamento, sino que el propósito era obtener un ajustado retrato de los "vicios" (en palabras del secretario del Gobierno catalán, Ernest Maragall) acumulados durante 23 años para encarar a partir de ahora su corrección. Sin embargo, aclaró de inmediato que "no se puede descartar que en cuestiones pendientes de un análisis más a fondo" se descubran casos susceptibles de ser llevados ante la justicia.

La auditoría desencadenará sin duda una agria guerra entre el tripartito y CiU. El consejero de Economía ya ha solicitado comparecer en el Parlamento. Aunque formalmente no destapa delitos, dos capítulos resultan llamativos desde esa perspectiva. El primero es el de las subvenciones financiadas con fondos europeos. "Al margen de los casos ya conocidos, el sistema de gestión de la Consejería de Trabajo daba pie a que fuera muy fácil el fraude, especialmente en los cursos de formación ocupacional".

El otro capítulo llamativo es el del polémico proyecto de la Administración Abierta de Cataluña, adjudicado "de forma irregular" a la empresa T-Systems.