Los magistrados del Tribunal Supremo que juzgarán a los líderes del procés acusados de rebelión, sedición o malversación están dispuestos a incluir entre los testigos que deberán comparecer durante el juicio al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría o el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, si así lo solicitan las defensas en los escritos de calificación que deben presentar antes del próximo día 14, informaron fuentes jurídicas.
Determinar el número y las personas concretas que comparecerán como testigo en el juicio será una decisión que deberán adoptar los siete magistrados que componen el tribunal. Lo harán en función de lo necesario que entiendan que es su testimonio para corroborar una acusación o desmontarla. Para ello será fundamental comprobar si los solicitados aparecen en el relato de hechos en el que el fiscal basa su acusación de rebelión y si su declaración puede servir para inclinar la balanza tanto hacia la condena como la absolución.
Por ejemplo, si las defensas acaban solicitando la declaración de entre otros el presidente del Gobierno, que intercambió correspondencia con el expresidente Carles Puigdemont sobre si se había declarado o no unilateralmente la independencia, es muy factible que el tribunal la acuerde para escuchar de primera mano cómo se produjeron estos acontecimientos. Un criterio similar se seguirá si se pide el testimonio de Sáenz de Santamaría, de Montoro o de cualquier otra persona.
A falta de saber lo que finalmente pidan las partes y acuerde el tribunal, se prevé que sean varios centenares de testigos los que comparecerán en el juicio que está previsto que comience a finales de este mes o, como tarde, a principios de febrero y cuya sentencia se dicte tras las elecciones de mayo. Se celebrará en sesiones de mañana y tarde, en principio, los martes, miércoles y jueves de cada semana, aunque en función de cómo se desarrolle el calendario podrán habilitarse los viernes para acabar, si es necesario, el interrogatorio de los acusados o con el bloque de testigos de unos hechos concretos.
DE 10.00 A 18.00
La idea es que los lunes y los viernes que no haya juicio el tribunal pueda deliberar sobre este u otro asunto de los que tenga entre manos y las defensas tengan también tiempo para planificar su estrategia con sus clientes. Se quiere que las sesiones comiencen a las 10 de la mañana, para que los nueve presos no tengan que ser levantados excesivamente temprano para su traslado al Supremo, y que concluyan a las seis de la tarde. Así los abogados podrán decidir si ir y venir de Barcelona a Madrid a diario o alojarse en la capital tres días a la semana.
Los que no tendrán opción serán los acusados una vez que comience la vista oral, ya que el Tribunal Supremo es partidario de que asistan a las sesiones, sobre todo, los que están presos para garantizar su derecho de defensa. Eso supondrá que tengan que abandonar la cárcel de Lledoners para ser internados en la de Estremera, en el caso de los hombres, y la Alcalá-Meco, en el de las mujeres. Aunque el traslado penitenciario depende del Ministerio de Interior, fuentes jurídicas consideran muy difícil la posibilidad de que los fines de semana sean devueltos a cárceles catalanas, porque para cubrir los 600 kilómetros que hay entre Barcelona y Madrid se suele tener que hacer noche en la de Zuera (Zaragoza).
El juicio empezará con el trámite de cuestiones previas, en el que las defensas podrán plantear la traducción simultánea del juicio. Durante la instrucción ni acusados ni testigos pidieron declarar en catalán.
