Como se ha comprobado durante toda la instrucción, el Tribunal Supremo no quiere que nada retrase el inicio del único juicio que tiene entre manos: el del procés. Por ello, aunque aún no ha puesto fecha concreta para la celebración de la vista oral, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha dirigido este jueves un oficio al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le insta a adoptar «las decisiones indispensables para garantizar» que los nueve políticos presos por esta causa estén a disposición del alto tribunal en la última semana de enero, momento en el que se prevé que comience el juicio, aunque no se descarta que se acabe retrasando a principios de febrero.
En su escrito, de algo más de una página, Marchena explica que ya se ha abierto juicio oral por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia, y que en los próximos días (en concreto, el lunes 14, según fuentes del alto tribunal) vence el plazo para la presentación de los escritos de defensa. Una vez realizado ese trámite, equivalente al de presentación de los escritos de acusación realizado en noviembre por Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox, el tribunal debe decidir qué prueba de la solicitada por las partes acepta y fijar el inicio de la vista oral. La intención es que el juicio se prolongue entre dos meses y medio y tres meses, con sesiones de mañana y tarde (entre las 10 y las 18 horas) los martes, miércoles y jueves.
La fecha concreta de inicio del juicio no se conocerá como pronto hasta la próxima semana, por lo que de esperar a ese momento, el traslado se habría tenido que realizar apenas dos semanas después de su comunicación.
PROCESO SIN DILACIONES
En este sentido, el Supremo precisa que «ni la celeridad que impone el artículo 664 de la LECrim ni la fijación del plazo mínimo de un mes para recabar la presencia de los procesados presos pueden ser concebidas como exigencias temporales en detrimento de la seguridad que ha de presidir el traslado de los presos, de su derecho a que ese traslado se verifique en condiciones que respeten su dignidad y del derecho de todo acusado a un proceso sin dilaciones indebidas».
Los políticos presos fueron trasladados a cárceles catalanas a principios del pasado mes de julio. Para que asistan al juicio deberán retornar a prisiones madrileñas, para poder ser conducidos a diario al Tribunal Supremo. Las de Estremera, Soto del Real y Aranjuez son las preseleccionadas para albergarles durante el juicio por el 1-O en el caso de los hombres, mientras que las mujeres serán internadas en la de Alcalá-Meco.
La Generalitat, por su parte, ha ofrecido al Gobierno que sean los Mossos d’Esquadra quienes efectúen el traslado de los presos independentistas, según el consejero de Interior, Miquel Buch. «Hemos ofrecido que hagan el traslado los Mossos, pero decide es el ministerio», dijo.
