Como no podía ser de otro modo, ni las apelaciones de varios ministros de Pedro Sánchez, ni el ultimátum de Quim Torra, ni sus advertencias sobre una sentencia condenatoria, han hecho mella en el Tribunal Supremo (TS). El alto tribunal ha dictado cinco autos en los que rechaza las últimas peticiones de libertad de los nueve políticos y activistas independentistas presos procesados por rebelión, malversación y desobediencia.
Y, por si hay alguna duda, al responder a la alegación de la exconsellera Dolors Bassa sobre el clima político actual proclive al diálogo, la sala es contundente: «Ni las medidas cautelares vigentes respondieron, en el momento de su adopción, a un determinado clima político, ni su permanencia puede hacerse ahora depender de un contexto político diferente». La Sala de lo Penal entiende que ninguno de los argumentos de las peticiones y recursos, fundamentalmente basados en el impacto que el encarcelamiento tiene en su entorno familiar y personal, neutraliza los riesgos de fuga y de reiteración delictiva que llevaron al instructor de la causa, Pablo Llarena, y a la sala de apelaciones a mantener esa medida cautelar. «Los fines del proceso y, de modo especial, las medidas cautelares que tienen que asegurar esos fines no se desdibujan por los padecimientos que en el orden familiar puede acarrear la privación de libertad», señala.
La fiscalía y la Abogacía del Estado, al igual que la acusación que ejerce Vox, también habían informado a favor de que todos ellos, entre los que se encuentran el exvicepresidente Oriol Junqueras, siguieran en la cárcel. Las peticiones de libertad rechazadas son, además de las de Bassa y Junqueras, las de Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Joaquim Forn y Jordi Cuixart. «Los sentimientos de aflicción de los familiares debilitan su rango axiológico y no pueden operar como razones desencadenantes de la libertad», argumenta el Supremo.
