El juez del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos ha acordado enviar a juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, o alternativamente de denegación de auxilio, por no retirar en campaña los lazos amarillos de los edificios públicos.
En un auto, que se puede recurrir, el magistrado decreta las apertura del juicio oral en el alto tribunal catalán a Torra, para quien la Fiscalía pide una condena de un año y ocho meses de inhabilitación por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos en la campaña de las municipales y las europeas del 26-M.
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En su escrito de acusación, presentado esta misma semana, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeras, reclama para el 'president' no solo la inhabilitación, sino también una multa de 30.000 euros. El ministerio público atribuye a Torra "desatender abiertamente" las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña electoral para las municipales. La inhabilitación sería para ejercer cargos públicos electivos, incluso europeos, así como para el ejercicio de funciones de gobierno. Esta medida, precisa la acusación pública, conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos y de "los honores anejos".
La fiscalía expone que el 11 de marzo pasado la JEC conminó al presidente de la Generalitat a que retirara los lazos de los edificios públicos de la Administración autonómica en el plazo de 48 hora. "No obstante la claridad de la orden" de la JEC, Torra, que ya había presentado sus alegaciones, "decidió desatenderla a pesar de ser conocedor de que la misma era firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento", recalca la acusación pública. Poco antes del vencimiento del plazo, sin embargo, el 'president' presentó un escrito en el que instaba al organismo a una reconsideración del acuerdo adoptado. Dicho escrito, a pesar de ser "aparentemente improcedente al tratarse de una resolución firme", fue aceptado por la junta electoral.
REITERACIÓN
Días después, el 18 de marzo, el organismo electoral ratificó su decisión de que se retiraran los lazos y las banderas esteladas y advirtió a Torra de las "responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que pudiera incurrir si persistía" en su "desobediencia" a estos acuerdos. El mandatario catalán, sin embargo, "a pesar de saber de su firmeza y de su obligación" de cumplir el requerimiento, presentó ante la JEC un nuevo escrito interesando la suspensión del acuerdo. El "pretextando" fue una supuesta imposibilidad de cumplirlo "dada la multitud de edificios de la Generalitat", así como que estaba a la espera de conocer la opinión del Síndic de Greuges que, según la fiscalçia desde al menos tres días antes y que concluía que se debía atender la retirada de los lazos amarillos.
Según el fiscal, Torra hizo caso omiso a esa orden y vista su "contumacia", el 21 de marzo, la JEC requirió al 'conseller' d'Interior que procediera a quitar los lazos. No hizo falta, ese día se retiraron de los edificios públicos.
