El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió ayer a trámite la querella presentada por la fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, al no haber acatado en su día la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos dependientes del Govern. El alto tribunal ha designado instructor del procedimiento al magistrado Carlos Ramos, que deberá decidir las pruebas a practicar, así como si se cita a declarar al mandatario catalán. El delito de desobediencia está castigado con penas de inhabilitación y multa.

El propio Torra firmó la notificación de la querella por la tarde, al poco de haberla recibido, y mantuvo el tono desafiante que ya mostró a lo largo de los días que duró tanto la polémica, como la incertidumbre acerca de cuáles serían sus actos y hasta dónde le llevaría la desobediencia, En un mensaje en Twitter, el president apuntó que «ante un Estado autoritario hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias».

El auto del TSJC advierte que la admisión de la querella «no asume, ni da por supuestas, en absoluto, todas las valoraciones fácticas y jurídicas» que se contiene en el escrito de la Fiscalía Superior de Cataluña. El tribunal incide que, hasta el momento, únicamente se ha podido comprobar que la acción emprendida por la actuación pública cumple los requisitos establecidos en la ley, entre ellos la posibilidad de que los hechos puedan constituir un delito y, por lo tanto, «es susceptible y está necesitado de una investigación ulterior».

La fiscalía presentó el pasado 27 de marzo la querella contra Torra. En ella explica que el ‘president’ de la Generalitat incumplió «consciente, abierta y reiteradamente» las decisiones de la JEC del 11 y 18 de marzo sobre la retirada de «en un plazo corto de tiempo» de los símbolos que la junta electoral entiende como partidistas, como los lazos amarillos, que se exhibían en edificios públicos de la Administración autonómica, bajo la advertencia de que de no hacerlo incurriría en responsabilidades administrativas y penales.

La querella señala que Torra «mantuvo más allá» del término fijado por el organismo electoral los elementos que habían sido conminados a retirar. En algunos casos, subrayaba la fiscalía, se encubrían en forma de carteles, imágenes, fotografías y diversa simbología, vulnerando el deber de neutralidad durante los procesos electorales.

REACCIONES POLÍTICAS

La admisión a trámite de la querella motivó la reacción de Ciudadanos, el partido que primero denunció ante la Junta Electoral Central la presencia en los edificios públicos de distintos símbolos de apoyo, sobre todo, a los presos encarcelados por el procés. Inés Arrimadas, la líder del partido en Cataluña, apuntó que la decisión del TJSC supone «un baño de realidad» para el president, en particular, y el «separatismo» en general.

Una de las rivales electorales de Arrimadas, la socialista Meritxell Batet recordó también a Torra que el Govern que él dirige tendría que haber cumplido «desde el primer momento» la resolución de la JEC.