El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) sugirió en enero al juez de El Vendrell que investiga el ‘caso 3%’ de presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica (CDC) que si considera que el diputado del PDECat y 'exconseller' de Justícia Germá Gordó puede haber cometido un delito, la ley le permite ofrecerle la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, compareciendo en la causa e, incluso, declarando voluntariamente, tal como recoge la ley de enjuiciamiento criminal.

Fuentes jurídicas han asegurado a este diario que el magistrado se está planteando esta posibilidad, mientras que la Fiscalía Anticorrupción apuesta por presentar un nuevo informe al juez de El Vendrell (todavía no lo han hecho) y que este remita al TSJC la parte de las diligencias judiciales que afectan al extitular de Justícia. Tanto la fiscalía como la Guardia Civil consideran que Gordò presuntamente intermedió en la adjudicación de determinadas obras públicas que están bajo sospecha por el supuesto pago de comisiones al partido por parte de varias constructoras. El ‘exconseller’ siempre ha negado la comisión de cualquier ilegalidad.

REGISTROS DE OFICINAS Y VIVIENDAS

El auto del TSJC que sugiere al juez del El Vendrell que podría dar la oportunidad de declarar a Gordó de forma voluntaria (así lo hizo el TSJC con Francesc Homs en el proceso por la consulta del 9-N antes de remitirlo al Tribunal Supremo) rechazaba las peticiones de los fiscales de que se registrara la oficina del diputado en el Parlament, así como sus viviendas.

Asimismo, el alto tribunal acordó devolver el asunto al juzgado de El Vendrell al considerar que “no había lugar” a la apertura de un procedimiento legal contra Gordó, por encontrar inconcreciones en el escrito remitido por el juez. A la vez, rechazaba acordar la realización de los registros que se plantearon como una “medida prospectiva y genérica, afectando injustificadamente a todos los domicilios particulares y profesionales” del político.