El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tendría la última palabra en la fase de admisión de la querella de la Fiscalía contra Artur Mas por el 9N, según varios juristas consultados por Efe, que concluyen que solo cabría recurso ante el Supremo si se practicaran diligencias de investigación.
Pese a reconocer que se trata de un cuestión con escasos precedentes jurídicos y con una jurisprudencia poco consolidada, los expertos coinciden en señalar que la sala de recursos del TSJC sería la última instancia ante la que se podría impugnar la decisión de admitir o no la querella de la Fiscalía por el 9N.
Por el contrario, apuntan los expertos, una vez se hayan abierto diligencias de investigación, el Tribunal Supremo (TS), órgano consagrado a la unificación de doctrina, podría revocar un eventual sobreseimiento de la querella acordada por el TSJC y tener la última palabra para enviar el caso a juicio y también en caso de sentencia.
La sala civil y penal del TSJC, integrada por seis magistrados -de los cuales dos son designados por el Parlament-, está estudiando la querella fiscal contra el presidente catalán, Artur Mas, y las 'conselleres' Joana Ortega e Irene Rigau, para decidir si la admite a trámite y si la agrupa con otra veintena de denuncias recibidas.
El Estatuto de Cataluña de 2006 blindó al TSJC como la última instancia jurisdiccional en esta comunidad, pero dejó en manos del Supremo la potestad de unificar doctrina, como remarcó además la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la carta catalana.
La mayoría de los juristas consultados por Efe coinciden en que, de acuerdo con la jurisprudencia, en la fase de admisión de la querella contra Artur Mas la resolución podría impugnarse ante la sala de recursos del TSJC, pero no cabría apelación ante el Supremo.
Así lo dan por hecho, tras analizar la jurisprudencia existente sobre la materia, la presidenta de la sección de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Barcelona, Laura Parés, el catedrático de derecho penal de la Universidad Carlos III de Madrid, Abraham Castro, y el abogado y doctor en derecho penal Marc Molins, entre otros juristas consultados por Efe.
Abraham Castro ha destacado que el TSJC es quien tiene la capacidad de "zanjar" la fase de admisión a trámite de la querella, en la que cree que es muy poco probable que se acabe resolviendo en contra del interés de la Fiscalía.
Por su parte, Laura Parés ha explicado que, una vez abiertas diligencias, se podría recurrir ante el TS en el caso de que el alto tribunal catalán dictara un sobreseimiento libre, al no apreciar que los hechos fueran constitutivos de delito.
Parés se remite a un acuerdo del pleno del Supremo del 9 de febrero de 2005, que fija que las partes pueden recurrir al TS un archivo libre -pero no provisional-, siempre que en la instrucción hubiera habido una imputación judicial equivalente al procesamiento y que la eventual sentencia fuera susceptible de casación.
En la misma línea, el abogado Marc Molins sostiene que contra un sobreseimiento libre que cabría recurso de casación -como en el caso del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, al que el Supremo envió a juicio en contra de la opinión del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana- pero que si fuera provisional, la última instancia para decidir seguiría siendo el TSJC.
Si los imputados acabaran en el banquillo, también sería el Supremo el que resolvería los recursos contra una eventual condena o absolución, como ocurrió en el caso Atutxa, en que el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa fue condenado en 2008 por el TS a dos años de inhabilitación, tras haber sido absuelto en dos ocasiones por el Tribunal Superior del País Vasco.
