La Unión de Consumidores (UCE) ultima la decisión de personarse como acusación en el proceso judicial contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, acusado de delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. La secretaria general de la UCE, Ana Herce, dijo ayer que entre los afectados hay agricultores y consumidores de los productos presuntamente tóxicos fabricados por Naranjax, empresa de Vicente Vilar, exsocio y denunciante de Fabra, y distribuidos por Artemis 2000, sociedad de la exmujer de Vilar y de la esposa de Fabra.

INFLUENCIAS Vilar denunció a Fabra por influir en altos cargos de los ministerios de Agricultura y de Sanidad para que se autorizara el producto Abac, paralizado por dudas sobre sus efectos tóxicos. "Estamos estudiando el tema porque legalmente tenemos algo que decir", dijo Herce, ya que entre los objetivos de la UCE "está la defensa de la salud pública".

Carmen Albert, la juez que de forma interina llevará el caso, deberá decidir si admite la solicitud del fiscal de citar a algunas personas, cuyos nombres no han trascendido. En las declaraciones de Vilar y de Fabra aparecieron el exministro Jesús Posadas y dos diputados del PP por Castellón.