La Comisión Internacional de Verificación (CIV) del desarme de ETA ha denunciado la "persecución judicial" que sufren y que, a su juicio, hace "extremadamente difícil, si no imposible" su labor de asegurar que la banda deje de forma unilateral fuera de uso sus armas. A través de un comunicado emitido esta madrugada, los expertos reclaman que no se caiga en "debates y discusiones" sobre cómo y cuántas armas inutilizó la organización terrorista, ya que consideran que lo realmente importante es que "por primera vez en 50 años, ETA se ha comprometido a poner sus armas fuera de uso de manera verificable".
El CIV considera que "existe una oportunidad genuina para asegurarse de que ETA pondrá todas sus armas fuera de uso de manera verificable", aunque han reiterado que "no existe precedente alguno, ni otro ejemplo, en ningún lugar del mundo" en que una organización armada decida dejar su armamento fuera de uso "y eso no recibe el aval positivo de las instituciones formales". Por ello, ha reclamado a "los gobiernos, líderes políticos y ciudadanos" que decidan "si se deben definir maneras" para que la banda continúe de forma unilateral con el proceso de desarme.
Sortu pide agudizar la imaginación
El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha reconocido este lunes que la Comisión Internacional de Verificación ve "complicado" seguir desarrollando su trabajo mientras sea tratada como una "organización ilegal y clandestina", por lo que ha apostado por "agudizar la imaginación" y ver "qué otras vías puede haber" para seguir gestionando el final de ETA.
En una entrevista a Radio Euskadi, Arraiz ha considerado "inverosímil" que ETA se quiera desarmar y los gobiernos de España y Francia no faciliten que se haga de forma "controlada, ordenada y acordada".
Además, ha realizado un llamamiento al PNV y PSE a ponerse en marcha "juntos" en torno a "una hoja de ruta". Aunque ha considerado que el proceso debe ser impulsado desde Euskadi, ha apuntado que existen "aspectos técnicos, como los presos o el desarme", que requieren "una mínima implicación de los Estados".
Después de que el Gobierno vasco pidiera al Estado que no someta a la sociedad vasca "a un estado de convulsión permanente" y de que el PNV se solidarizara con los verificadores, el diputado general de Araba, Javier de Andrés, ha criticado estos respaldos. El dirigente del PP ha afirmado que el Ejecutivo de Vitoria "se equivoca" en esta cuestión, y sobre el proceso de desarme, ha apuntado que las armas "deben ser entregadas y no guardadas en una caja" porque son una prueba judicial de crímenes y delitos.
