Cuando se produjo la detención del excomisario José Manuel Villarejo en el caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales, se temió que la documentación y las grabaciones que, como práctica habitual, realizaba a sus interlocutores sacaran a la luz algo mucho más turbio que los delitos por los que está en la cárcel desde noviembre pasado. Eso ocurrió con el audio relativo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en el que se oía a esta atribuir al Rey emérito prácticas que podrían ser delito, si no fuera porque se habrían producido cuando gozaba de la inviolabilidad que le confiere la Constitución. La pieza fue archivada a la por el juez por este motivo.
Pero entre teras de grabaciones y montañas de papeles había más damnificados. La última, por el momento, ha sido la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Fuentes jurídicas confirmaron que entre la ingente documentación intervenida a Villarejo aparece un apunte referido a una supuesta reunión con ella, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, en relación con la extradición de Ángel Pérez-Maura, reclamado por Guatemala. La Sección Cuarta de lo Penal rechazó en mayo su entrega por ser español e indicó a las autoridades guatemaltecas que denunciaran ante los tribunales españoles la corrupción que le atribuyen.
El apunte se investiga, junto a otros muchos en la pieza Pit del caso Tándem, declarada secreta, mientras se atan hilos y se comprueban a dónde conducen en materia de responsabilidad penal. El Ministerio de Justicia lleva dos días respondiendo a primera hora a las informaciones de El Confidencial, que adelantó el apunte y este martes, que se investiga si el exjuez y ahora abogado Baltasar Garzón, pudo cobrar de los seis millones de euros que Villarejo habría recibido por intermediar en la extradición. En el propio caso Tándem, Garzón, que es amigo de la ministra, es el abogado del comisario Enrique García Castaño y lo fue del excomisario de Barajas Carlos Salamanca, cuya pieza fue archivada.
LA VERSIÓN DEL DELGADO
Justicia asegura que Delgado «no intervino en trámite alguno del proceso de extradición» en cuestión -lo que refrenda la Fiscalía de la Audiencia Nacional- y que, «mientras ejerció como fiscal, ni concertó ni mantuvo cita alguna con el comisario citado, con el que nunca ha tenido relación de ningún tipo». Ayer negaba conocer al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, que impulsó el caso por el que se pedía la extradición, y precisaba no haber tenido con Villarejo «ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial, más allá de haber coincidido con él en compañía de otras personas en algún evento».
