La entrada de Andalucía en la nueva normalidad llega con muchas similitudes a la antigua, como las amenazas de Vox al Gobierno andaluz de PP y Cs. En este caso, la ultraderecha cuestiona la estabilidad del Ejecutivo autonómico por el giro al centro de la formación naranja, cargando además contra el presidente regional Juanma Moreno Bonilla por su gestión complaciente del estado de alarma y su impotencia ante el trato de favor del Gobierno central a otros territorios a cambio de apoyos a las prórrogas ilegales del estado de alarma.
El portavoz parlamentario de la formación, Alejandro Hernández, deja claro en un comunicado su descontento con Cs tras el acercamiento a Pedro Sánchez, avisando que quizá sea el momento de replantearse la forma en la que venimos apoyando al actual Consejo de Gobierno en Andalucía. Vox no acepta el ninguneo al que le somete la formación liderada por el vicepresidente Juan Marín, que incluso durante la negociación de la investidura dejó que fuera el PP quien se encargara de amarrar a Vox, como si fuera un acuerdo a dos bandas y ellos no tuvieran nada que ver con un apoyo a la sazón fundamental para poder alcanzar la Junta. Y la ultraderecha se ha hecho valer en no pocas ocasiones, dejando en evidencia de paso las contradicciones de Cs en su estrategia de evitar el populismo.
El eje de sus críticas es sobre todo el partido que lidera Inés Arrimadas, al que reprocha haber votado en contra de sus propuestas recogidas en los pactos presupuestarios, pero también afea al PP la reunión del secretario general Teodoro García Egea con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Deben asumir que es imposible decir una cosa en Madrid y la contraria en Andalucía, avisó Hernández este domingo, Vox no va a entrar en ese juego ni va a contribuir a la confusión de los andaluces y del resto de españoles. Así, subrayó que no vamos a seguir apostando por la estabilidad del gobierno de la Junta más de lo que lo hacen desde Ciudadanos. Unas palabras que chocan con el mensaje lanzado por el propio Hernández hace menos de una semana, en los decía preferir "no ahondar" en esas diferencias entre PP y Cs y apostar por la estabilidad del Ejecutivo regional al ser "lo más positivo" para la comunidad.
CONTRA LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS VÍA DECRETO
Sin embargo, siete dias después, Vox tensa la cuerda y advierte que va a ser mucho más exigente de lo que ha venido siendo hasta ahora, tanto por lealtad como por responsabilidad ante la situación de crisis. El partido de ultraderecha se muestra muy crítico, por ejemplo, con la gestión del Ejecutivo andaluz durante el estado de alarma, y deja claro que no va a permitir que contenidos y programas con importantes modificaciones normativas de calidad se amalgamen desordenadamente y sin criterio estructural ni jurídico vía decreto. Una alusión a las 400 medidas preventivas contra el coronavirus que regirán al menos hasta la próxima primavera y que el Consejo de Gobierno ha aprobado vía decreto ley en vez de ser debatidas previamente en el Parlamento.
Además, Hernández expresó su desagrado porque la Junta asuma la terminología orwelliana hablando de normas para la nueva normalidad. Si ya se emuló el Aló presidente del cargante Sánchez con unas alocuciones dominicales de Juanma Moreno Bonilla en las que cada vez se nos daba menos información para emplear esos tiempos de máxima exposición mediática sobre todo en un discurso de propaganda autocomplaciente, vemos también ahora cómo se insiste en una técnica, la del decreto-ley, que se pretende imponer bajo la excusa de las razones de urgencia, reprochó.
"SUBASTA A FAVORES"
El parlamentario de Vox planteó entonces sus dudas sobre el ajuste constitucional del estado de alarma, así como la acumulación de poderes que bajo el mando único el Gobierno central ha instrumentalizado con un criterio sectario y partidista. Andalucía, dijo, ha sido víctima de esas actuaciones, con un Gobierno regional absolutamente impotente que ha permitido que se haya privado a nuestra región de lo que se entregaba a otras comunidades autónomas de forma interesada, en función de los apoyos que Sánchez iba requiriendo para las ilegales prórrogas del estado de alarma. Hemos asistido a una subasta de favores que acentúa las desigualdades entre los españoles en función de su residencia, criticó.
