Purga, persecución, listas negras… Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz no ahorraron ayer calificativos al arremeter contra la petición formal registrada por Vox en la Cámara para solicitar los datos de todos los empleados de las unidades de valoración integral de la violencia de género, los dispositivos encargados de determinar el riesgo que sufren las víctimas. El objetivo de la petición es, según adujo el partido ultraderechista en las redes sociales, «comprobar el nivel de cualificación» de esos trabajadores, abundando en la tesis de la ineficacia de estos servicios, que considera creados exprofeso para esas ayudas públicas.

Desde el Ejecutivo andaluz apuntan que, aunque deberá ser el Parlamento el que primero se pronuncie, la petición es difícil de atender porque vulneraría la ley de protección de datos. Y es que la reclamación de Vox es exhaustiva. Según consta en el documento presentado en la Cámara regional el pasado miércoles, el partido ultra quiere una relación «detallada» de esos trabajadores: «con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales; si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también; de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; equipos psicosociales de los juzgados de familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y el 2019 completos».

«Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de un niño», sostuvo en las redes sociales el jefe de filas regional de Vox, Francisco Serrano.

Interpelado por los periodistas acerca de la petición de Vox, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se limitó a responder, anoche en Almería, con un escueto «ni un paso atrás».