José Luis Rodríguez Zapatero recogió ayer el guante que le había lanzado Mariano Rajoy a cuenta de las pesquisas parlamentarias sobre el 11-M. El presidente del Gobierno aceptó el desafío del secretario general del PP de que ambos debatan, cara a cara y en un pleno monográfico del Congreso, las conclusiones que emanen de la comisión de investigación sobre la masacre de Madrid. El debate parlamentario, que con toda seguridad estará cargado de tensión política, se celebrará a partir de septiembre, a la vuelta de las vacaciones estivales.

PROMESA ROTA En La Haya, donde visitó a su homólogo holandés, Jan Peter Balkenende, Zapatero rompió el compromiso, que había adquirido el 24 de abril en Casablanca (Marruecos), de soslayar las cuestiones de política doméstica en sus viajes oficiales al extranjero. Preguntado por la propuesta que Rajoy le formuló en público días atrás en torno a la discusión en el hemiciclo del informe que elaborará la comisión del 11-M, el líder socialista aceptó el envite: "Siempre veo bien todos los debates, parlamentarios o públicos".

El presidente Rodríguez Zapatero no desaprovechó la oportunidad de celebrar en tono irónico que "quienes se negaron a celebrar debates durante la campaña electoral", en clara referencia a Mariano Rajoy, se muestren ahora tan interesados en organizarlos y protagonizarlos en la Cámara baja. "¡Bienvenidos a los debates!", bromeó.

LA HERENCIA DE AZNAR "Máxima transparencia". Ese fue el compromiso ratificado ayer en La Haya por Zapatero. Una promesa en la que incluyó no sólo las circunstancias que rodearon los atentados del 11-M, sino también las responsabilidades políticas de la tragedia aérea del Yak-42 y la verdadera herencia económica que su Gobierno recibió de manos del PP. Por eso garantizó que el Ejecutivo entregará al Congreso toda la información de que disponga sobre estos y otros asuntos relativos a la gestión de José María Aznar al frente del Gobierno.

Como sucede con todas las comisiones de investigación, la que actualmente analiza la masacre terrorista del 11-M elevará al pleno del Congreso sus conclusiones en cuanto acabe sus trabajos, probablemente el próximo septiembre.

Menos frecuente es que estos debates los protagonicen los líderes de las dos principales fuerzas políticas, como harán Zapatero y Rajoy. O que, sin que medie investigación parlamentaria alguna, el Gobierno comparezca a petición propia ante el pleno para informar de un asunto tan espinoso como el caso Yak-42, tal como anunció el viernes la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega y confirmó ayer el presidente.

EL REFERENDO CONSTITUCIONAL Zapatero también adelantó ayer en La Haya que a finales de este mes el Ministerio de Asuntos Exteriores abrirá los contactos con los grupos parlamentarios para consensuar la fecha del futuro referendo sobre la Constitución de la Unión Europea (UE), así como el enunciado de la pregunta que se someterá a consulta.