La comisión de investigación de la masacre del 11-M se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno. Fuentes próximas a José Luis Rodríguez Zapatero apuntan el temor del presidente a que la investigación parlamentaria, que se intuye polémica y crispada, eclipse la acción del Ejecutivo socialista, frustre su propósito de pasar página del pasado y perjudique también a la lucha antiterrorista.

El cambio pregonado por Zapatero consta, según él mismo, de tres factores: el "talante", moderado y amable; la disposición al diálogo, constante y sin exclusiones, y el compromiso con la "transparencia" y la "austeridad". Para llenar de contenido la oferta, el presidente ha trazado un intenso calendario político para cumplir con celeridad sus promesas e instaurar un clima de concordia muy distinto al que presidió la etapa de José María Aznar.

Que el Congreso investigara los hechos del 11-M no formaba parte de la agenda del Ejecutivo, consciente de que estas pesquisas parlamentarias sólo pueden ofrecer frutos aciagos. Para empezar, porque para las fuerzas de seguridad no será un plato de gusto que sus responsables desfilen por el Congreso para aclarar por qué no previeron que el terrorismo islamista preparaba una masacre de tales proporciones.

OFERTA PRESIDENCIAL Fuentes gubernamentales adelantan que este lunes, cuando reciba al conservador Mariano Rajoy en la Moncloa, Zapatero le ofrecerá un acuerdo discreto para acotar el alcance de la investigación al objeto de preservar el crédito de las fuerzas antiterroristas. Una propuesta que ya ha planteado el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a su homólogo popular, Eduardo Zaplana.

Al Gobierno tampoco se le oculta la pretensión del PP de presentarse como víctima de una conspiración urdida para arrebatarle el poder, especie que ha hecho circular para mantener la cohesión interna del partido y tratar de deslegitimar el triunfo electoral del PSOE.

Si tantas son las contraindicaciones de la comisión del 11-M, ¿por qué el PSOE ha aceptado constituirla? Fuentes gubernamentales reconocen que una serie de errores propios y de maniobras ajenas se han dado cita para propiciar esta investigación parlamentaria.

Las fuentes consultadas culpan al ministro del Interior, José Antonio Alonso, de haber brindado al PP los pretextos que necesitaba para fingirse objeto de una oscura campaña de difamación. Primero, al declarar que ante el 11-M hubo una "imprevisión política", imputable por tanto al anterior Gobierno. Y a continuación, permitiendo la difusión periodística de unas diligencias policiales que, sin desvelar ningún dato novedoso, reavivan la impresión de que el Ejecutivo del PP quiso ocultar el origen islamista de los atentados en vísperas de las elecciones del 14-M.

A estas actuaciones de Alonso, que muchos de sus compañeros de Gabinete juzgan erróneas, se sumaron después las presiones de ERC e IU-ICV, grupos a los que el socialista Rubalcaba logró convencer para que se conformaran con crear sólo una comisión de estudio sobre el 11-M.

RESUCITAR LA CRISPACION La Moncloa recuerda que Rubalcaba ya había neutralizado a estas minorías cuando el PP solicitó una comisión de investigación a la que el PSOE, comprometido con la transparencia, no se pudo negar. Fuentes gubernamentales sospechan que el PP intenta resucitar así la crispación y relegar la batería de reformas anunciadas por Zapatero. Muchos altos cargos del Ejecutivo estiman que los populares les han ganado esta mano. Al menos en el corto plazo.