El Consejo de Ministros aprobará este martes la primera partida destinada a crear centros de atención integral a víctimas de violencias sexuales, que estarán abiertos 24 horas al día. En cumplimiento del Convenio de Estambul, que fue ratificado por España en 2014, se creará un centro de crisis en cada provincia, con el objetivo de atender a víctimas de agresiones sexuales, matrimonios forzosos, mutilaciones genitales, acoso, explotación sexual y cualquier acto de naturaleza sexual no consentido ocurridos recientemente o en el pasado. Asimismo, se atenderá a las familias o personas cercanas a la víctima que necesiten acompañamiento, consejo o información.

La creación de estos centros, que están inspirados en los 'Rape Crisis Center' anglosajones, correrá a cargo de los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia. El Ministerio de Igualdad ha calculado que serán necesaria una inversión de 41 millones de euros en tres años y este martes el Gobierno autorizará el 30% del gasto previsto el primer año, que asciende a 19,8 millones de euros. Es decir, se trata del primer paso para la creación de unos centros que Igualdad prevé que empiecen a funcionar como muy tarde en 2023. Los primeros fondos se destinarán a la adquisición de los locales y los siguientes para la puesta en marcha de estos recursos.

Los centros de crisis deberán prestar, como mínimo, los siguientes servicios: línea de información y atención telefónica 24 horas, 365 días al año; intervención en situaciones de emergencia, sin necesidad de cita previa; intervención psicológica; acompañamiento a la víctima; transporte gratuito; prevención y sensibilización, además de constar de una página web donde compartan información.

El equipo

Igualdad considera que las profesionales del centro deben conformar un equipo con formación especializada interdisciplinar, que como mínimo esté conformado por una coordinadora, psicólogas y psiquiatras, abogadas, profesionales del ámbito de las ciencias sociales, una administrativa y mediadoras culturales y/o traductoras. El Ministerio prevé que la mayoría de las trabajadoras sean mujeres, por eso recoge los perfiles en femenino en la documentación sobre el proyecto.

No será necesario la interposición de denuncia para acceder a la atención e intervención, teniendo en cuenta que ocho de cada diez mujeres víctimas de violencia sexual no pasa por la comisaría o un juzgado o si va, por diversas razones no pone una denuncia. Asimismo, la última macroencuesta sobre violencia contra la mujer revela que el 13,7% de las españolas mayores de 16 años ha sufrido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida.

Los recursos actuales

Pese a ello, sólo existen dos centros de estas características promovidos por las instituciones en España. Uno está en Madrid y servirá de referencia, y otro en Asturias. En la mayoría de autonomías hay recursos que atienden indistintamente a víctimas de violaciones y de violencia de género, pero el Grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer creado por el Convenio de Estambul, el Grevio, desaconseja que se atienda en el mismo recurso a ambos tipos de víctimas.