El racismo, el antisemitismo, la homofobia o la aporofobia son algunas conductas que están en la calle y en las redes sociales que constituyen un delito de odio. En la última estadística hecha pública por el Ministerio del Interior se cifra en 37 personas las que sufrieron algún tipo de agresión por cuestión de raza, religión o ideología durante el 2019 en Aragón. Un número que no permite realizar una foto real, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que considera que este tipo de hechos delictivos están infradenunciados en un 80%. La falta de confianza es el principal escollo y para intentar salvarlo la Jefatura Superior de Policía cuenta con un agente encargado de ello. Se trata del inspector Carlos Franco.

Lleva escasos tres meses en el puesto pero su experiencia en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) le permiten dibujar cuáles son los problemas que a diario hay en la calle. Ahora también suma las redes sociales que, tal y como reconoce, «parece» que son la plataforma «perfecta» para todo aquel que quiere cometer este tipo de delitos de odio desde el anonimato. «Creen que por no poner su verdadero nombre o su foto pueden hacer lo que quieran, pero eso no es así, se les acaba localizando y deteniendo», destaca.

Su obsesión, positiva, es «aflorar la bolsa oculta» de víctimas de delitos de odio que «por miedo, por vergüenza o porque piensan que puede ser un caso aislado» deciden guardar silencio. De ahí que uno de los asuntos de su agenda diaria sea una reunión o una llamada con un determinado colectivo social para «establecer lazos que permitan mejorar la confianza». «Hemos observado que algunos extranjeros prefieren callar que denunciar porque creen que podemos perseguirles si están en situación irregular en España. Y eso no es así», recalca Franco. Un pensamiento que ha percibido fruto de esos encuentros con asociaciones a las que solicita que expongan todas sus preocupaciones.

Pero no todo el mundo está amparado por un colectivo. Eso también lo ha podido observar en alguna actuación en la que a la víctima se le ha puesto en contacto con alguna asociación para que se sienta amparada socialmente. «Perseguimos delincuentes, pero no podemos mirar para otro lado si existe algún problema que debe ser atendido por los servicios sociales. Abrimos una vía de comunicación», afirma este inspector, quien admite que «también toca en muchas ocasiones hacer de psicólogo cuando la víctima está pasando por un mal momento y necesita que alguien le escuche». Dar confianza es su mayor premisa para conseguir algo difícil: «ser la cara amable que hace frente al odio que han sufrido». Es por ello que hasta se trata de tomar declaración a personas que han sufrido un hecho de estas características de forma muy personalizada para «evitar una doble victimización».

El inspector Carlos Franco destaca que el odio siempre lleva aparejado otro delito como pueden ser las amenazas, las lesiones o las coacciones, puesto que «el componente de convivencia suele ser habitual». «El último caso que atendimos fue el de unas personas que estaban sufriendo transfobia por parte de sus vecinos del edificio», recuerda, mientras añade que estaban siendo acosadas. Un problema que resolvieron.

«Luego hicimos un seguimiento del caso porque eso también es importante, no somos una ventanilla que se abre una vez, sino que tratamos de saber, si las víctimas nos lo permiten, si no ha habido reincidencia. Es decir, también hacemos una labor de acompañamiento», apostilla Franco. El objetivo de ello también es conocer la percepción y opinión de las víctimas sobre la atención y asistencia que les ha sido prestada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Coordinación

Todo ello no lo hacen en soledad, sino que existe una coordinación con otras unidades y grupos policiales como pueden ser Delitos Tecnológicos a la hora de investigar un caso en redes sociales o con el Grupo de Menores (Grume). A este trabajo conjunto se une la formación continua a todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en materia de delitos de odio. También a escolares, acudiendo a los centros a petición de los profesores.

No es lo mismo un mensaje odioso que de odio y la diferencia se la hacen saber a los más jóvenes a los que explican que sus comportamientos pueden tener consecuencias fatales en las víctimas pero también en ellos puesto que la justicia va a perseguirlos. «Observamos que saben mucho de nuevas tecnologías, pero que algunos no son maduros para emplearlas», lamenta el inspector, que muestra su preocupación porque las redes sociales son empleadas para el bullying y también para la corrupción de menores. «La explotación sexual también puede ocurrir online», afirma.

Para Franco la formación y la educación «es fundamental». «Aunque he hablado de inmadurez, sí que hemos observado que los estudiantes, por lo general, están concienciados con la diversidad y son defensores de ella», asevera. No obstante, se dan casos puntuales en los que han tenido que actuar como ocurrió con un joven con discapacidad que empleaba una silla de ruedas. Y es que un discurso de odio también es arremeter con este tipo de personas.

La lucha contra estos delitos es un eje prioritario del Ministerio del Interior. El departamento puso en marcha en enero del 2019 el Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, cuyo objetivo es prevenir e impedir los incidentes de odio, mitigar y reducir el daño causado a las víctimas, mejorar la respuesta dada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incrementar la confianza en éstos por los colectivos vulnerables. Este plan gira en torno a cuatro ejes: formación de los agentes, prevención de los delitos de odio, atención a las víctimas y respuesta ante este tipo de conductas.

Los cuatro forman una especie de mantra del inspector Carlos Franco que al frente de la Delegación Provincial de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón también con planes de seguridad ciudadana dirigidos a los colectivos sociales como los mayores o a los comerciantes para que ni unos ni otros sufran estafas.

Para denunciar delitos de odio no solo se puede realizar de forma física, sino también a través de la aplicación gratuita de móvil AlertCorps.