Romper una relación laboral a veces puede ser una liberación pero otras puede salir muy caro. Es lo que le ha ocurrido a Alejandro Sanz. El juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid ha condenado al cantante a pagar 5,4 millones de euros por incumplimiento de contrato a la entidad que llevaba su representación artística, RLM, S.A.
La citada sociedad es propiedad de Rosa Lagarrigue, representante del artista desde hace 25 años que le llevó a juicio reclamando 9 millones de euros.
El pleito comenzó en el 2016, cuando RLM, S.A interpuso una demanda civil tras la ruptura unilateral del contrato del cantante con su representante. Sanz tenía todas las de perder, ya que el contrato fue suscrito en el 2014 y les obligaba a mantener una relación profesional hasta 2019. La sentencia del Juzgado concluye que el músico incurrió en un "incumplimiento doloso del contrato" al romperlo de manera unilateral.
Sanz encargó una auditoría hace tres años y el resultado no debió gustarle nada, ya que rompió con Lagarrigue de forma repentina. Ella lo explicó entonces así: "La ruptura fue completamente unilateral y con contrato vigente, es decir, ni hablada ni consensuada. Le tuve que demandar, es lo más triste que he hecho en toda mi vida profesional. Es tremendo, porque solo tengo recuerdos magníficos con Alejandro".
La sentencia judicial coincide con la separación del intérprete con Raquel Perera, que deberá pasar por la repartición de propiedades. Según la revista 'Pronto', Perera tiene a su nombre dos de las tres empresas que gestionan su carrera musical, y que precisamente tras romper con Rosa Lagarrigue, desvió todos los temas a Gazul Productions S.L., con un activo de 28 millones de euros y de la que Perera es presidenta y apoderada.
