En Birmania hay tantos niños que empuñan un arma como soldados profesionales tiene España. El Gobierno birmano ha entrenado para luchar a más de 70.000 menores, a los que capta a la salida del colegio y entrena durante semanas en campos militares. Amnistía Internacional (AI) y la organización Save the Children exigieron ayer, Día Mundial contra el Uso de los Niños Soldado, medidas concretas para eliminar esta práctica, que se da en 85 países y afecta a más de 500.000 pequeños en todo el mundo.

AI y Save the Children presentaron ayer la Coalición Española para Acabar con la Utilización de Niños Soldado, cuyo primer paso ha sido enviar una carta a los representantes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Francia, Rusia, Reino Unido y EEUU), y al embajador español ante la ONU, Inocencio Arias, para que adopten una resolución que ponga fin a la práctica del reclutamiento de niños. Se da la circunstancia de que los cinco miembros del consejo copan el 90% del mercado armamentístico mundial.

MUTILADOS Y VIOLADOS El director de AI en España, Esteban Beltrán, explicó que la coalición quiere que la ONU "señale a los culpables, a los gobiernos y a los grupos armados que reclutan, mutilan, violan y no rehabilitan" a los niños y que decrete un "embargo efectivo de armas". Reclamó al Gobierno español que "promueva las medidas sancionadoras". El presidente de Save the Children, Alberto Soteres, dijo que el reclutamiento de niños soldado es la práctica que más derechos de los niños viola: el derecho a la educación, a una infancia feliz y a la propia vida.

EL CASO DE UN MISIONERO Por otra parte, Amnistía investiga el caso del misionero español José Carlos Rodríguez, al que el Ejército de Uganda quiere expulsar del país por difundir "información perjudicial para la seguridad nacional". La guerrilla acusa al misionero, que lleva 17 años en el país, de "robarle niños soldado". Rodríguez también denunció en la prensa los abusos practicados por el Ejército de este país africano en un campamento de refugiados. El Gobierno de Uganda todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre la expulsión del misionero.