La deriva autoritaria del gobierno de Donald Trump vuelve a estar bajo los focos. En los últimos días fuerzas del orden federales desplegadas desde principios de mes en Portland (Oregón) han estado usando agresivas y polémicas tácticas contra manifestantes que llevan más de 50 días manteniendo vivas las protestas por la justicia racial y social que se iniciaron en todo el país tras la muerte a manos de la policía de George Floyd. Y diversas voces advierten ya de que Portland es solo el anticipo de lo que Trump puede intentar en todo el país, especialmente dado que ha hecho de su promesa de ley y orden y de su enfrentamiento con autoridades locales demócratas elementos centrales de su campaña para una reelección cada vez más complicada.
Como ya hizo en el polémico incidente del 1 de junio en que se despejó violentamente a manifestantes pacíficos de la plaza Lafayette frente a la Casa Blanca para que el presidente se hiciera una foto y también en Seattle, el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Trump ha desplegado para frenar las protestas de Portland a militares de la Guardia Costera y a operativos de tres agencias federales (la de la patrulla fronteriza, la de inmigración y aduanas y la de seguridad del transporte) para apoyar al Servicio de Protección Federal. Lo ha hecho amparado tanto por la Orden Ejecutiva para proteger monumentos, memoriales y estatuas americanos y combatir la reciente violencia criminal que el presidente firmó el 26 de junio como por la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en Estados Unidos en 2002 tras los atentados del 11-S.
AGENTES Y CAMIONETAS NO IDENTIFICADOS
Las fuerzas federales han estado usando munición no letal contra manifestantes y el fin de semana pasado uno de esos disparos dejó a un joven con una fractura craneal. Pero también se han producido escenas impropias de democracias, con agentes vestidos en camuflaje y no identificados realizando arrestos en camionetas sin marcar, sin dar indicaciones de a qué agencia pertenecían o por qué practicaban la detención.
Los episodios han creado algo más que indignación. La gobernadora de Oregón, la demócrata Kate Brown, ha denunciado que se trata de un flagrante abuso de poder y de una provocación de confrontación por motivos políticos y el alcalde de Portland, el también demócrata Ted Wheeler, ha hablado de ataque a nuestra democracia. Y aunque algunos expertos advierten de que la ley posterior al 11-S da amparo legal a Trump, el viernes el Departamento de Justicia estatal anunció una demanda en un tribunal de distrito federal acusando a varias de las agencias federales de aplicación ilegal de la ley en violación de los derechos civiles de ciudadanos de Oregón al pararlos por la fuerza y detenerlos sin causa probable. Se va a solicitar también que se emita una orden de alejamiento que frene inmediatamente los arrestos ilegales de las autoridades federales y se va a lanzar una investigación penal sobre el disparo en la cabeza al joven manifestante.
La Administración Federal ha elegido Portland para usar sus tácticas de miedo para evitar que los residentes protesten la brutalidad policial y apoyen al movimiento Black Lives Matter, ha denunciado la fiscal general del estado, Ellen Rosenblum. Todos los americanos deberían sentir repulsión cuando ven pasar esto. Si puede pasar en Portland, anadió, puede pasar en cualquier lugar.
"EN TODO EL PAÍS"
La advertencia no va desencaminada. El subsecretario en funciones de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, hizo unas declaraciones el viernes a la radio pública en las que declaró que la postura de la Administración se pretende mantener no solo en Portland sino en todo el país. Y en una visita a la ciudad el jueves el titular en funciones del departamento, Chad Wolf, aseguró que solo responden a las acciones de anarquistas violentos y una turba violenta envalentonada por el supuesto rechazo a aplicar la ley de las autoridades locales. Son los mensajes que lanza repetidamente Trump, que desde que empezaron las protestas por Floyd prometió dominarlas y este mismo sábado en Twitter acusaba falsamente a Joe Biden de querer quitar la financiación a la policía.
