El presidente argentino Alberto Fernández ha anunciado que en 10 días presentará al Congreso un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo "que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar". Durante su discurso de apertura de las sesiones parlamentarias, Fernández se ha inclinado finalmente por materializar parte del anhelo del movimiento feminista y las multitudes que ocuparon días atrás las mismas inmediaciones del Poder Legislativo para reclamar una ley en esa dirección.

"Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza". La iniciativa cuenta con la fuerte resistencia de las iglesias Católica y evangelistas, que han programado una movilización para el 8 de marzo. "En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos", pareció responderles por anticipado.

Acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario peronista recordó en ese sentido que desde 1921 Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. "La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma, también ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma".

La deuda pública récord

A 81 días de haber asumido el poder, Fernández hizo un diagnóstico calamitoso de la herencia económica y social. "Debemos enfrentar una deuda pública récord. Sólo en 2020, los vencimientos de capital representan 48.000 millones de dólares. Debemos adicionarle 14.000 en concepto de intereses de esa deuda". El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de señalar que ese pasivo es insustentable y ha pedidod a los acreedores privados aceptar una quita importante para que el país pueda cumplir con sus obligaciones. El FMI por ahora rechaza hacer lo mismo con el préstamo por 44.000 millones de dólares que le concedió al Gobierno anterior.

Fernández cree que el organismo financiero ha sido corresponsable con lo que ha ocurrido. Informó al respecto que el Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando "de modo pormenorizado" la manera en que Argentina recibió préstamos en dólares durante la pasada administración de derechas (2015-19) y el destino de ese dinero. "Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándo la carga de la deuda".

También ha señalado que bajo la presidencia de Macri, el país se endeudó "solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista". Por eso, "debemos saber lo que pasó, quienes permitieron que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas".

El hambre

Fernández ha llamado a "ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza". Buena parte de su alocución estuvo centrada en los riesgos del presente como consecuencia de la experiencia neoliberal.

Los problemas de la pobreza, cercana al 40% de la población, el paro y la falta de oportunidades de los sectores sociales más desfavorecidos, se presentan según el jefe de Estado como enormes problemas para la gestión peronista. La cuestión del hambre de un país que exporta más de 400 toneladas de alimentos, "nos debe avergonzar como sociedad que somos", ha afirmado.

Comer no puede ser un privilegio". Fernández cree que los sectores económicos que tuvieron ganancias extraordinarios durante estos años, entre ellos los grandes exportadores agropecuarios, deben ahora contribuir con mayores impuestos a regenerar el tejido social.