Seis de cada 10 argentinos creen que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que puso en marcha los siete años más dramáticos de la historia de Argentina, no tenía justificación. Un 20% de los consultados por el Centro de Estudios de la Opinión Pública (CEOP) siguen defendiendo la asonada y otro 20% dice carecer de respuestas.

Esos sentimientos y percepciones se reflejaron el lunes en Buenos Aires al cumplirse el 38º aniversario del derrocamiento de la presidenta Isabel Martínez de Perón. El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia fue, para miles de personas, una jornada de reflexión y presencia en las calles que duró casi hasta la noche. Otros, en cambio, aprovecharon el día no laborable para extender sus pequeñas vacaciones de fin de semana.

Miles de personas fueron a la Plaza de Mayo. La dirigente de Madres de Plaza de Mayo (Linea Fundadora) Taty Almeida pidió a la Iglesia argentina que "expulse" al sacerdote Christian Von Wernich --capellán de la Policía bonaerense durante la dictadura--, porque "ha sido condenado por la justicia por torturador". Von Vernich sigue oficiando misas en la cárcel donde purga su pena."Exigimos que sea expulsado", dijo Almeida, quien volvió a criticar la responsabilidad de buena parte de la cúpula eclesial durante la dictadura. Había obispos que se “asociaron al poder mientras los curas tercermundistas también eran secuestrados", señaló.

Defender la democracia

En la ex-Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), convertida en un Centro Cultural y de la Memoria, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, llamó a defender a la democracia "con uñas y dientes" en momentos que se escuchan voces que intentan, a su criterio, desestabilizar al Gobierno de Cirstina Fernández de Kirchner.

En este contexto, la organización Amnistía Internacional (AI) celebró "el proceso de memoria, justicia y reparación que Argentina retomó luego de la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida". AI destacó los "logros obtenidos en los últimos años por la sociedad argentina" por el avance en los juicios a los responsables de "las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar". Desde el 2006, cuando se abrieron nuevamente los juicios contra los represores, 349 militares, policías y exagentes civiles fueron condenados. Hay actualmente 971 procesados y 742 detenidos.

Dos procesos ideológicos

"Derechos humanos, de la justicia a la venganza", lleva por título la columna de opinión que el historiador Luis Alberto Romero publicó en el diario 'La Nación'. "Esta desviación de la justicia a la venganza surge de dos procesos ideológicos que tuvieron un catalizador en el kirchnerismo. El primero resultó de la confluencia entre un sector intransigente de los derechos humanos y los continuadores de la tradición ideológica y política de los años 70", señaló.

Al fundamentar su idea de "venganza” Romero citó los casos de los represores encarcelados a los que no les conceden el derecho a estudiar y una supuesta negligencia del Estado frente al cuidado de los ancianos militares llevados a juicio. Hay, de acuerdo con Romero, una "complicidad taimada y mendaz de la que suelen participar funcionarios judiciales y peritos médicos". Citó en especial el caso "dramático" del exgeneral Ibérico Saint Jean, muerto en el 2012, y que no fue atendido de la manera debida. Saint Jean fue el gobernador bonaerense que quedó en la historia por su admonición de 1977: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos".