Australia ya cuenta con una ley que obliga a Google y Facebook a pagar a los medios de comunicación por enlazar sus noticias. Este jueves, el parlamento australiano ha dado luz verde a la primera ley en todo el mundo que fuerza a los gigantes tecnológicos a negociar una retribución para poder mostrar ese contenido informativo.
Tras anunciar la intención de impulsar esa regulación, Google amenazó con dejar de operar en el país y Facebook decidió, sin avisar, bloquear la publicación y compartición de noticias. La primera compañía terminó renunciando a esa amenaza tras llegar a un acuerdo para pagar a News Corp, el imperio mediático del magnate conservador Rupert Murdoch que controla las mayores cabeceras del país.
El bloqueo de Facebook fue más peliagudo y evidenció la fuerte pugna con el gobierno por esa ley. El martes, la red social y el ejecutivo regresaron a la mesa de negociación y acordaron aprobar unas nuevas enmiendas a la ley que dan un mayor margen de negociación a las tecnológicas, lo que les permite esquivar el papel de los tribunales como intermediarios entre ellas y los medios de comunicación. Las plataformas creen que la amenaza de los tribunales permite a los medios pedir remuneraciones abusivas; los medios creen que sin esa amenaza sería imposible llegar a acuerdos.
Dudas sobre su impacto
Gran parte del texto legal ya fue aprobado anteriormente por la Cámara de Representantes, así que este jueves únicamente se han pasado las enmiendas selladas entre el Gobierno y Facebook, que rebajan la presión para la multinacional estadounidense. Con la aprobación, la ley ya puede ser implementada.
La ley pretende una mayor regulación de los gigantes tecnológicos, que absorben gran parte del mercado publicitario, para que compensen a los medios de comunicación. La aparición de las plataformas ha acentuado que sean esas las que capten la mayoría de ingresos por publicidad, golpeando así a la prensa. Sin embargo, expertos y organizaciones como Country Press Australia que representa a 161 periódicos regionales han advertido que la ley puede terminar beneficiando únicamente a los grandes grupos mediáticos, perjudicando así al periodismo local.
