La nueva política de mano dura contra la inmigración empieza a tomar forma. Tras las tensiones de las últimas semanas, Alemania y Austria han conseguido llegar a una especie de tregua para devolver la presión política a Roma y Atenas y que sean sus respectivos gobiernos los que se hagan cargo de los refugiados que llegan a estos dos países centroeuropeos si comprueban que fueron Italia y Grecia el lugar por el que entraron en la UE. Berlín y Viena quieren detener así los desplazamientos internos y obligar a estos dos países a cooperar para «cerrar» la ruta de mediterráneo.
Es el principal mensaje que salió ayer de las reuniones que han mantenido el canciller austríaco, Sebastian Kurz, el vicecanciller y líder de la ultraderecha de Austria, Heinz Christian Strache, y el ministro de interior alemán, Horst Seehofer. Sobre la mesa, el plan pactado por la CDU de Angela Merkel y la CSU de Seehofer, que apuesta por construir centros en la frontera con Austria en los que retener a los inmigrantes y solicitantes de asilo que quieran entrar en Alemania.
ACUERDOS BILATERALES
Kurz amagó el martes con repetir la solución germana en su frontera con Italia y Eslovenia lo que podría tener un efecto dominó. Seehofer garantizó que estos centros no afectarán a sus vecinos y que si comprueban que los inmigrantes se registraron en Italia o Grecia serán devueltos a esos países. Para ello tendrán que negociar acuerdos bilaterales.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, aceptó la semana pasada. Falta saber si Italia está dispuesta a aceptar el mismo arreglo. El nuevo eje Viena-Berlín planteará la solución al ministro de interior italiano, Matteo Salvini, la próxima semana en Innsbruck (Austria) coincidiendo con la reunión informal de ministros de interior de la UE que organiza el gobierno austríaco como presidencia rotatoria de la Unión Europea. En realidad Italia y Austria persiguen el mismo objetivo: blindar las fronteras y cooperar con los países de África y que ningún demandante de asilo pueda presentar su solicitud en territorio europeo. Es lo que defiende la presidencia austríaca de la UE en un documento de trabajo presentado hace unos días en el comité permanente de cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI en sus siglas en inglés) y que muestra una visión migratoria basada en la seguridad y el control.
El texto plantea posibles opciones y objetivos con el horizonte de 2020 y 2025. Para entonces, sostiene Austria, la Unión Euroepa tendrá que tener «pleno control de sus fronteras exteriores», garantizar que «no haya incentivos» para que los inmigrantes se embarquen y, sobre todo, un nuevo sistema de protección de forma que «ninguna solicitud de asilo se presente en territorio europeo» y que las solicitudes «se concedan únicamente a aquellos que respetan los valores europeos, los derechos fundamentales y las libertades que defiende la UE».
También muestra el disgusto de Austria porque no hay una «protección efectiva de las fronteras exteriores contra la inmigración ilegal», porque el sistema de asilo no permite distinguir desde el principio a las personas que necesitan protección de las que no y porque los desembarcos de inmigrantes tras los rescates en el mar solo se realizan en los Estados miembros.
Pero, sobre todo, el texto estigmatiza a los migrantes que llegan a Europa que «no son los que necesitan una mayor protección» sino quienes «se pueden permitir» pagar el viaje y se sienten más fuertes para emprenderlo.
