Con una sentencia más que controvertida, el Tribunal de Milán decidió ayer eximir al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, del delito de soborno a jueces para impedir la venta de la sociedad pública alimentaria SME a una sociedad rival, un escándalo que se remonta al año 1985. Los jueces consideraron prescrito el delito, una circunstancia que ha sido la constante en la tortuosa relación que Berlusconi mantiene con la justicia, a la que ha esquivado en cinco ocasiones anteriores con la misma táctica de hacer maniobras dilatorias hasta llegar a la prescripción de los cargos.

Tras 30 horas de reunión, los miembros del tribunal pusieron fin a uno de los juicios más largos --casi cinco años-- y polémicos de la historia italiana. "Tenía razón al estar tranquilo, porque en mi conciencia sabía que no había hecho nada", fueron las primeras palabras de Berlusconi al conocer la sentencia.

SATISFACCION A MEDIAS El Tribunal de la Primera Sección Penal de Milán resolvió que ha prescrito el delito asociado a la entrega al juez Renato Squillante de 434.030 dólares, en marzo de 1991, por haber impedido la venta del grupo SME al empresario Carlo De Benedetti. Pese a considerar "satisfactoria" la sentencia, los abogados de Berlusconi anunciaron que la apelarán, ya que esperaban "la absolución total", y el veredicto no despeja las sombras sobre el primer ministro.

El tribunal aceptó "circunstancias atenuantes", como que el acusado no tuviera antecedentes penales, para reducir de 15 a 7 años y medio el tiempo de prescripción del delito. Por el mismo caso, en noviembre del 2003 fueron condenados a ocho años el juez Squillante y a cinco años el hombre de confianza de Berlusconi, el abogado Cesare Previti.

LAS PRUEBAS DE LA FISCALIA Los fiscales habían pedido ocho años de cárcel para Berlusconi. La fiscalía sostuvo que las pruebas demuestran que el hoy primer ministro pagó a través de su empresa Fininvest, mediante cuentas bancarias en Suiza, a Squillante, a través de Previti, para "arreglar" un fallo judicial. Que los jueces iban a dictaminar la prescripción del delito se presentía desde hacía tiempo.

Berlusconi se ha empleado a fondo en intentar dilatar al máximo la sentencia judicial. Primero, alegando obligaciones institucionales, el primer ministro faltó a todas las citaciones judiciales, por lo que el tribunal de Milán tuvo que juzgarlo por separado del resto de los imputados. Luego, se sacó de la chistera la ley Cirami, por la que se podía pedir el cambio del tribunal ante "la legítima sospecha de la falta de imparcialidad de los jueces" y que fue inmediatamente aplicada para intentar transferir el juicio fuera de Milán. Su petición no fue aceptada.

Con posterioridad, el Parlamento aprobó una polémica ley de inmunidad que dejó en suspenso los procesos contra el primer ministro. Con esta iniciativa, Berlusconi ganó 10 meses, hasta que el Constitucional declaró ilegal el pasado enero esa ley y se pudo reanudar el juicio.