El consenso neoliberal imperante en Estados Unidos desde la era Reagan ha pasado a mejor vida desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, todo un reflejo del giro a la izquierda que ha dado su partido en los últimos tiempos. En plena crisis económica y sanitaria, el demócrata quiere convertir al Gobierno en el motor económico de la recuperación y cumplir con algunas de las asignaturas siempre aplazadas por sus predecesores. Tras firmar a mediados de este mes un masivo plan de estímulo para ayudar a los pobres y la clase media, el nuevo presidente ha puesto sobre la mesa este miércoles otro plan de dos billones de dólares en inversiones públicas, en este caso para remozar las muy necesitadas infraestructuras, combatir el cambio climático o relanzar la industria.

Ese plan fue una de los ejes de su campaña electoral, bautizada con el eslogan “Reconstruir mejor”, y está formado por una larga lista de nuevas y viejas ambiciones, algunas con consenso bipartidista y otras con un camino muy complicado en el Congreso. De ser aprobado, serviría para revertir el desplome de la inversión pública desde los años sesenta del siglo pasado, una contracción del 40% que, según algunos expertos, ha contribuido a la pérdida de competitividad de la economía estadounidense. “El Plan de Empleo Americano invertirá en EEUU de un modo sin precedentes desde que construimos la red de autovías interestatales y ganamos la carrera espacial”, afirma el plan, que será presentado por Biden antes de que acabe la jornada en Pittsburgh (Pensilvania).

La iniciativa está concebida a 15 años vista e incluye una larga lista de la compra. Busca reparar 32.000 kilómetros de carreteras y 10.000 puentes; modernizar los ferrocarriles; extender la banda ancha a todo el país o reemplazar las tuberías de plomo que aún contaminan el agua potable en millones de hogares estadounidenses. Con la vista puesta en el cambio climático, pretende también financiar la construcción de medio millón de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, optimizar el consumo energético de dos millones de edificios o limpiar cientos de minas de carbón o uranio en desuso. También incluye incentivos fiscales para la industria nacional o ayudas a las residencias de ancianos y los trabajadores sociales.

Subidas de impuestos a las empresas

A diferencia de lo que pasó con el estímulo de 1.9 billones de dólares, financiado mediante la emisión de deuda, Biden pretende pagar este plan con subidas de impuestos a las empresas y la eliminación de los subsidios multimillonarios a las petroleras. Concretamente propone un incremento del impuesto de sociedades del 21% al 28%, así como un aumento del 13% al 21% de los tributos que pagan las multinacionales deslocalizadas. Falta saber la suerte que correrá el plan en el Congreso, donde enfrenta un camino tortuoso. La Casa Blanca da prácticamente por hecho que no podrá contar con los nueve votos republicanos que necesitaría para vadear el filibusterismo en el Senado, por lo que tendrá que recurrir al llamado proceso de reconciliación presupuestaria para que se apruebe en la Cámara Alta por mayoría simple.

Para lograrlo tendrá, sin embargo, que calmar las aguas en su partido, donde no todo el mundo está contento con la propuesta. Para el sector más progresista, el plan es menos ambicioso de lo que se había prometido inicialmente, particularmente en lo que respecta a las medidas para combatir el cambio climático. “No es suficiente”, ha dicho la diputada Alexandria Ocasio-Cortez. Para el sector más moderado, son las subidas de impuestos y el coste del plan lo que más preocupa. Lo que esta claro es que el plan de infraestructuras es una vieja asignatura pendiente. Tanto Barack Obama como Donald Trump lo intentaron, pero ambos se estamparon contra el Congreso.