El estruendoso silencio birmano sobre las acusaciones de genocidio rohinyá acabó ayer. El Gobierno utilizó a la prensa oficial para desdeñar el informe de la Organización de las Naciones Unidas como una retahíla de acusaciones falsas, conminó a la comunidad internacional a aportar pruebas sólidas y defendió su compromiso con la salvaguarda de los derechos humanos. «Nuestra postura es clara y afirmo con firmeza que no aceptamos ninguna resolución del Consejo de Derechos Humanos», manifestó Zaw Htay, portavoz gubernamental, en referencia al órgano de la ONU que emitió el lunes el demoledor informe.

El portavoz defendió que la prohibición de su Gobierno al acceso al terreno de los investigadores invalida sus conclusiones. La audaz pirueta argumental concluyó aconsejando a la comunidad internacional que espere al informe de la Comisión de Investigación formada para combatir las «falsas acusaciones». Ese panel está formado por dos investigadores locales y dos internacionales, la diplomática filipina Rosario Manalo y el antiguo embajador japonés en la ONU Kenzo Oshima.

El Gobierno birmano muestra una «tolerancia cero» hacia las violaciones de derechos humanos, enfatizó Zaw Htay en una entrevista con el diario Global New Light de Birmania. «Si existe algún caso, dadnos las pruebas y podremos emprender acciones legales contra los que rompen las normas y regulaciones», retó Zaw. No extrañan los briosos desmentidos oficiales tras las contundentes acusaciones de la ONU. Sus investigadores aludieron por primera vez al genocidio para definir la persecución de la etnia musulmana rohinyá en la provincia birmana de Rakáin. El informe amontonaba pruebas contra el Ejército y recomendaba llevar frente a la justicia a media docena de altos cargos militares por un variado menú criminal con asesinatos, violaciones y quemas de poblados. También señalaba a la presidenta de facto del país, Aung San Suu Kyi, por su pasotismo.