Custodiados por una fuerte presencia militar y policial, los bolivianos participaron ayer, mayoritariamente en una atmósfera de calma, en el referendo que debe definir el futuro de las reservas de gas. El resultado, auguró el presidente Carlos Mesa, será favorable al Gobierno pese a los llamamientos a la abstención y el boicot de los grupos radicales, protagonistas de incidentes aislados en la capital y el interior del país.

Mesa se mostró victorioso en El Alto, la paupérrima ciudad que circunda a La Paz y donde en octubre pasado se desencadenó la revuelta que puso fin al mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada. "Ganaremos cinco a cero", predijo Mesa en alusión a la idéntica cantidad de confusas preguntas incluidas en las papeletas que, según la respuesta, darán forma a la nueva política de hidrocarburos del país que tiene la segunda reserva de América Latina.

Unos 4,5 millones de personas estaban convocadas a las urnas. El fuerte frío que se vivió en algunas regiones, la falta de transporte público prohibido durante las jornadas electorales, y cierta desinformación dificultaban la participación normal de la población. Las autoridades confiaban no obstante en una afluencia masiva a las urnas en las últimas horas de la jornada.

LOS IMPUESTOS El tema del gas no sólo expulsó del poder a Sánchez de Lozada, el arquitecto de las privatizaciones de los 90, sino que determinará cuál será en adelante el papel del Estado, después de una década de políticas neoliberales que acentuaron los problemas sociales. Mesa, a mitad de camino de su antecesor y los que reclaman una nacionalización total, propone recuperar la propiedad de la distribución de los recursos y aumentar los impuestos de las empresas extranjeras (Repsol, Petrobras, Schell) de un 18% a un 50%. Con la recaudación, Mesa promete garantizar el consumo interno de gas a millones de personas que no tienen acceso y destinar mayor dinero a políticas sociales.

El Gobierno necesita de un triunfo contundente que le otorgue una legitimidad que cuestiona una oposición dispersa, que va desde el centroderecha hasta sectores del empresariado y del departamento de Santa Cruz, pasando por los sindicatos y las comunidades indígenas.