Cárceles abarrotadas, detenidos que pasan horas de espera en los furgones policiales, tribunales que apenas pueden afrontar la sobrecarga de trabajo... En un ambiente de gran tensión por la represión desatada contra los manifestantes que exigen la liberación del líder opositor Alekséi Navalni, aterriza este jueves en Moscú el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. Las conversaciones que mantendrá este viernes con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, amenazan con convertirse en un diálogo de sordos, a tenor de los reproches y las críticas que han intercambiado en los últimos días dirigentes comunitarios y rusos a raíz del creciente deterioro en la situación de los derechos humanos en el gigante euroasiático.
"Lo repito; no tenemos ninguna intención de tomar en cuenta las declaraciones sobre temas relacionados con la aplicación de nuestras leyes a los que las violan, ni tampoco a las que se refieren a los veredictos de nuestros tribunales; estamos listos a comentar estos temas, pero no a debatirlos", ha declarado, en tono desafiante, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. En el bando de la UE, ni siquiera el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean Yves Le Drian, ha querido ocultar la amplitud de las diferencias actuales con Moscú. Borrell "llevará exigencias dirigidas a las autoridades rusas, a su regreso, los europeos extraerán las consecuencias", ha asegurado, a modo de advertencia, el jefe de la diplomacia francesa.
Contactos congelados
Los contactos diplomáticos entre la UE y Rusia permanecían congelados desde 2017. Por esta razón, un buen número de voces comunitarias han criticado la oportunidad de la visita, ante la posibilidad de que Moscú la utilice para anotarse un tanto propagandístico y presentarla como una normalización de las relaciones bilaterales. Además del 'caso Navalni', ambos interlocutores debatirán las crisis o guerras de Ucrania, Siria y Libia. "La relación con Rusia es compleja, hay numerosos desafíos a discutir", ha admitido Borrell.
Todo ello, en un escenario que de forma inquietante comienza a parecerse a lo que sucedió en Bielorrusia el pasado verano, tras unas elecciones calificadas de "fraudulentas" por la oposición. Al igual sucedió que en la república exsoviética, comienzan a emerger testimonios de detenidos en las protestas que hablan de centros de detención abarrotados y jueces desbordados. Cyril Danielu, con doble nacionalidad ruso-francesa, ha explicado a France Presse su paso por las dependencias policiales y judiciales. "Todo el mundo es sentenciado como mínimo a 10 años de cárcel, excepto un sirio que no tenía ni traductor ni abogado y que ha sido condenado a 15.000 rublos" (165 euros) de multa, ha asegurado.
Según el portal OVDInfo, los arrestados pasan horas "en los vehículos policiales sin poder ir al servicio". Dado que las cárceles están abarrotadas, se ha tenido que habilitar como prisión un centro de retención de emigrantes a unos 60 kilómetros de Moscú.
