Pese a que una ley lo prohíbe, la mayoría de los brasileños no se sienten perturbados por la intervención de los militares en asuntos políticos. Cuando general Eduardo Villas Bôas, comandante del Ejército, se pronunció contra la posible “impunidad” del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva antes que el Tribunal Supremo Federal (TSF) decidiera en los hechos su prisión, parte de la sociedad tuvo el amargo recuerdo de otros pronunciamientos castrenses. Sin embargo, estaba en minoría.
El Instituto de Investigaciones Datafolha acaba de dar cuenta de que el 61% de los ciudadanos de ese país defienden la posibilidad de los militares de comentar las situaciones fuera de los cuarteles. Un 17% preferiría “bajo ciertas circunstancias” una dictadura. El sondeo se realizó después de que el juez Sergio Moro, con el aval del TSF, decidiera la suerte judicial de Lula, actualmente encarcelado por tener una condena en dos instancias judiciales en el marco de una causa por un soborno que no fue debidamente probado. Un 57% de los encuestados por Datafolha estimaron a su vez que es “justo” que un acusado sea detenido con una sentencia de segundo grado, como el caso del exmandatario.
En vísperas de las deliberaciones del TSF se consideró que las palabras del general Villas Bôas fueron algo más que un acto de presión a los ministros. “La democracia en Brasil acabó. La última jugada fue dada por el Ejército, jaque mate. La declaración de Villas Bôas ocurre en un momento de profundo debilitamiento de las instituciones democráticas”, señaló Marcio Lair Viera Cruz en la revista 'Carta Capital'. “El Congreso está compuesto por una mayoría de parlamentarios corruptos. En el Ejecutivo, ministros y un presidente ilegítimo cargan denuncias de corrupción. Sobre el TSF, pasa un descrédito social en cuanto a su real naturaleza”.
Para Viera Cruz, el Ejército forma parte del “actual proyecto golpista” al ubicar a generales en el Ministerio de Defensa, al mando de la Fundación Nacional del Indio (Funai), la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, el gabinete de la Casa Civil y el Gabinete de Seguridad Institucional.
Crecimiento de los conservadores
Otra encuesta, esta vez de Ibope, parece ratificar este cambio político y cultural: el conservadurismo crece principalmente entre los más escolarizados. Un 55% de las personas rechazan el matrimonio de personas del mismo sexo, la legalización del aborto y la reducción de la mayoría de edad penal, al tiempo que se muestra a favor de la adopción de la pena de muerte. Ocho años atrás, esas posiciones eran compartidas por el 49% de las personas. Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de las grandes ciudades brasileñas donde es muy fuerte el “antilulismo”, muestran un mayor crecimiento de las opiniones conservadoras en las costumbres y también la política.
“Desde que el favorito absoluto en las encuestas presidenciales fue condenado, el primer lugar pasó a un fascista, que, por cierto, solo tiene el 20% de las intenciones de voto”, señaló la revista 'Piauí' sobre Jair Bolsonaro, un exmilitar y actual diputado que, al votar dos años atrás la destitución parlamentaria de la presidenta Dilma Rouseff, rindió homenaje a Carlos Alberto Brilhante Ustra, el coronel que la había torturado durante la dictadura.
