La ejecución mediante lapidación y la mutilación de extremidades, castigos basados en la sharia o la ley islámica, han entrado en vigor en el sultanato de Brunéi, en el norte de la isla de Borneo. Estas penas se aplican a diferentes delitos como el robo, la homosexualidad y el adulterio, lo que ha generado campañas de boicot y la condena de la comunidad internacional.
La reforma legislativa del Código Penal supone consumar el giro conservador de esta nación musulmana del sudeste asiático gobernada por el autoritario sultán Hassanal Bolkiah, quien ejerce de máximo representante del islam en el país. La nueva norma fue anunciada por primera vez de manera oficial el pasado sábado, sin aparecer en ninguno de los medios de comunicación locales.
El nuevo ordenamiento incluye la lapidación por homosexulidad y adulterio; la mutilación de la mano o el pie por robo; la pena capital por blasfemia, difamar el nombre del profeta Mahoma y la apostasía; y la flagelación por aborto, entre otras. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que la aplicación de estas leyes «supone un serio retroceso de los derechos humanos en Brunéi». Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, también se unió a la condena señalando que «el nuevo Código Penal es brutal en su núcleo al imponer estos arcaicos métodos de castigo a actos que no deberían ser considerados crímenes».
Por su parte, el sultán Bolkiah, de 72 años, conocido por llevar una vida opulenta y por varios escándalos amorosos, defendió que la medida mantendrá «la paz y el orden» y tiene como objetivo «educar, respetar y proteger los derechos legítimos de todos los individuos de cualquier raza y fe». El sultanato, próspero gracias a sus ingentes reservas de petróleo y gas, comenzó a introducir los castigos basados en la ley islámica en el 2014.
La exitosa campaña internacional de boicot contra el entramado de negocios bajo el patronazgo del sultanato, entre ellos una cadena de hoteles de lujo con varios establecimientos en Estados Unidos y Europa, conllevó la suspensión temporal de la introducción de las penas más estrictas y de los castigos corporales, que estaba prevista para finales del 2016.
