La Comisión Europea vuelve a denunciar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el marco de su ofensiva contra las vulneraciones del estado de derecho. Según el Ejecutivo comunitario, la ley polaca sobre el poder judicial, aprobada en diciembre de 2019 y que entró en vigor en febrero de 2020, atenta contra la independencia de los jueces y es incompatible con la primacía del derecho europeo. El recurso incluye la petición a la corte europea de medidas cautelares para suspender de forma inmediata los poderes de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo.

Según ha explicado el comisario de justicia, Didier Reynders, los procedimientos disciplinarios incluidos en la legislación polaca impiden la aplicación directa de algunas disposiciones del derecho de la unión que protegen la independencia de los jueces y tampoco permiten la posibilidad de presentar cuestiones prejudiciales al Tribunal de justicia de la UE. Además, Polonia infringe también el derecho comunitario al permitir a la sala disciplinaria del Supremo, cuya independencia según Bruselas no está garantizada, a tomar decisiones que tienen un impacto directo sobre los jueces y la forma en la que ejercen su función.

Se trata, sobre todo, de casos relacionados con el levantamiento de la inmunidad de los jueces para abrir procedimiento penales en su contra o suspenderlos temporalmente de sus funciones y reducir su salario. Para los jueces, sostiene la Comisión, el mero hecho de tener que someterse a un procedimiento por parte de una instancia que no garantiza la independencia puede tener un efecto disuasorio y afectar a su propia independencia. La Comisión Europea considera que todo esto socava gravemente la independencia de la justicia y la obligación de garantizar una protección legal efectiva y, por tanto, el orden legal de la unión en su conjunto.

Medidas cautelares

Ante la gravedad de la situación, Bruselas ha decidido además solicitar a la Corte europea la adopción de medidas cautelares para evitar un perjuicio grave. Concretamente, piden al TJUE que suspenda las disposiciones que permiten a la Sala disciplinaria adoptar decisiones sobre peticiones de levantamiento de inmunidad así como sobre el empleo, la seguridad social y la jubilación de los jueces del Tribunal Supremo. También reclaman la suspensión de los efectos de las decisiones ya adoptadas y de las disposiciones que impiden a los jueces polacos aplicar directamente el derecho comunitario.

El pulso entre Bruselas y Varsovia comenzó hace más de lustro. Desde entonces la Comisión Europea ha abierto varios procedimientos de infracción para tratar de reconducir la deriva del gobierno, liderado por el partido Ley y Justicia, aunque sin mucho éxito. Estoy profundamente preocupada por las acciones continuas que minan la independencia judicial de Polonia. Pese a las sentencias del Tribunal de Justicia y nuestros numerosos intentos de remediar la situación la presión sobre los jueces polacos sigue aumentando y su independencia está en constante erosión, ha alertado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova, que al igual que Reynders ha alertado de que algunos elementos de la legislación polaca vulnera el derecho de la UE, y particularmente, la sala disciplinaria del Supremo que es utilizada como elemento de presión contra los jueces.