El calendario del brexit tiene una nueva fecha en rojo: el martes 4 de diciembre. Ese día, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, el español Manuel Campos Sánchez Bordona, publicará, en un tiempo récord, su dictamen de opinión sobre la reversibilidad del proceso puesto en marcha con la activación del artículo 50 del Tratado, que regula la salida de un Estado miembro de la UE. Está Londres a tiempo de dar marcha atrás y parar de forma unilateral el reloj para evitar el brexit?

La pregunta protagonizó el martes una vista celebrada con carácter de urgencia ante el Tribunal de Justicia de la UE, en respuesta a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por el alto tribunal escocés en el marco de la batalla abierta por un grupo de activistas y diputados antibrexit. El litigio debe servir para aclarar el alcance del artículo 50, que fija un plazo de dos años para negociar las condiciones de salida y que puede prorrogarse en caso de acuerdo unánime de todas las partes.

Concretamente, qué pasa si un país quiere echarse atrás? A juicio de los juristas de la Comisión y del Consejo la respuesta en clara: Londres no podría revocar de forma unilateral la decisión que requiere del acuerdo unánime de los Veintisiete porque reconocer ese derecho crearía un precedente peligroso y un país podría activar y parar el reloj cuando quisiera hasta encontrar las mejores condiciones, generando una "incertidumbre sin fin".

Londres descarta cambiar de opinión

Y un segundo referéndum sería motivo suficiente para paralizar el proceso? Según el representante legal del Ejecutivo comunitario la respuesta es sí pero siempre que hubiera "un mecanismo de control" adecuado para evitar abusos porque de lo contrario podría prolongarse o paralizarse el procedimiento según los intereses. El abogado del Gobierno británico, Richard Keen, ha descartado que el Ejecutivo de Theresa May vaya a cambiar de opinión y ha pedido que declaren inadmisible un caso que busca "munición política" para presionar a Londres.

"Pandora recibió una gran caja en su boda y se le pidió que no la abriera. Pedimos respetuosamente al Tribunal que no la abra la suya", ha reclamado Keen. "Si el tribunal entra en el terreno del debate parlamentario prematuramente se corre el riesgo de que una parte acuse a la otra de influenciar la legislatura o el Ejecutivo para determinar una cuestión política", ha añadido.

La última palabra la tendrán los jueces que se han prometido examinar el caso por la vía de urgencia. De momento, la primera opinión llegará en un tiempo récord de una semana. No será vinculante pero marcará el terreno en un momento político clave, el mismo día en que arrancarán los debates en el Parlamento de Westminster y a una semana del voto en Londres previsto para el próximo 11 de diciembre.