La Cámara Baja del Congreso de EEUU aprobó un proyecto de ley que exige que se comprueben los antecedentes penales del comprador en toda venta de armas, lo que la convierte en la iniciativa legislativa más importante de las últimas dos décadas en este ámbito.
La ley bipartidista de revisión de antecedentes, fue aprobada con una votación de 240 votos a favor -232 provenientes de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes- y 190 en contra. El proyecto deberá pasar ahora a consideración del Senado, de mayoría republicana, donde es probable que naufrague por falta de apoyo. Pero en caso de recibir el visto bueno en la Cámara Alta, la propuesta debería ser firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que los analistas consideran poco probable.
VERIFICAR ANTECEDENTES PENALES
Según el diario The Hill, la nueva legislación amplía el requisito de comprobación federal de antecedentes penales a las ventas entre particulares, incluidas las transacciones en ferias de armamento, a través de internet o por anuncios clasificados. Bajo la ley actual, solo los vendedores de armas con licencia están obligados a llevar a cabo verificaciones de antecedentes a sus clientes.
Sobre el proyecto, el congresista demócrata John Sarbanes destacó en un comunicado que "por primera vez en mucho tiempo, el Congreso ha dado un paso significativo hacia la mejora de la seguridad de las armas en Estados Unidos". Para este legislador, el borrador de ley muestra al público que pueden tomar medidas serias y bipartidistas para "reducir la epidemia de la violencia con armas".
La congresista Madeleine Dean destacó en su cuenta de Twitter antes de la votación, que la Cámara de Representantes haría historia, e indicó que iban a votar por las personas y que continuarán trabajando por el fin de la violencia con armas.
DURAS CRÍTICAS A ESTA PROPUESTA
También en Twitter, el congresista republicano Matt Gaetz calificó de "repugnante" y carente de sentido común la legislación "demócrata", que opinó que va en contra de la Segunda Enmienda de la Constitución. Por su parte, el Instituto por una Acción Legislativa (ILA), que se describe como un grupo de lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en su página web, criticó la iniciativa y acusó a los “políticos antiarmas” de estar más interesados en anotar "puntos políticos baratos" que en hacer su trabajo.
En una declaración, el director ejecutivo de NRA-ILA, Chris Cox, aseguró que este proyecto de ley "hará más difícil que la gente de bien se defienda a sí misma y a sus familias", mientras los criminales "continuarán obteniendo sus armas de fuego de la manera que siempre lo han hecho - a través del mercado negro".
Se espera que un segundo proyecto de ley que extendería de tres a diez días hábiles el plazo que se deberá esperar para la verificación federal de antecedentes, según medios locales.
