El carnet de identidad, al que los británicos siempre han sido tan reacios, divide a laboristas y conservadores. Entre los diputados de uno y otro partido se oyeron ayer, en la Cámara de los Comunes, voces de protesta contra el polémico proyecto de ley para introducir la nueva identificación. El ministro de Interior, Charles Clarke, presidió el debate y defendió la implantación del carnet como parte de las medidas del Gobierno de Tony Blair para luchar contra el terrorismo y el fraude.

Clarke, que se estrenaba en el cargo que dejó precipitadamente la pasada semana David Blunkett, acusado de abuso de poder, negó que el carnet sea propio de un Estado que controla todos los movimientos de sus ciudadanos.

LA SOCIEDAD "DEL GRAN HERMANO" "Es completamente falso que los carnets de identidad vayan a mermar las libertades cívicas, vayan a llevarnos a un 1984 en referencia a la célebre obra de George Orwell, vayan a conducir a una sociedad del Gran Hermano o a establecer algún tipo de Estado totalitario", proclamó.

Pero, blandiendo precisamente una copia de 1984, el conservador Bill Cash recordó a la cámara cómo la Comisión de Información del Parlamento ha señalado que el uso del carnet cambiará las relaciones entre el Estado y el individuo.

El laborista Neil Gerrard, por su parte, consideró "casi inevitable" que la gente termine siendo forzada a llevar un documento que no sirve para prevenir ataques terroristas como el de Estambul o el de Madrid.

A pesar de que hay muchos tories en desacuerdo con la introducción del carnet, el responsable de asuntos de Interior conservador, David Davies, indicó que su partido apoyará al Gobierno de Tony Blair "porque el deber del Estado es proteger la vida de sus ciudadanos". Su líder, Michael Howard, ya había hecho saber que daba su respaldo al plan de Blair "después de haber escuchado la opinión de la policía". Los que no quisieron desacatar su autoridad optaron por ausentarse a la hora de la votación.

Rotundamente en contra del documento de identidad se declararon los liberaldemócratas, que aludieron al alto coste del proyecto, unos 125 millones de euros (más de 20.000 millones de pesetas) al año.

"Eso va a costar mucho dinero y el sistema no va a funcionar", declaró el liberal Matthew Taylor. El Gobierno británico tiene previsto comenzar a poner en circulación las nuevas tarjetas de identificación en el 2007 y no se espera que sea obligatorio hasta el 2013.