La esperada investigación del Senado de Estados Unidos sobre las cárceles secretas y los métodos utilizados para interrogar a los sospechosos de terrorismo durante la pasada década ha puesto de manifiesto con inusitado detalle la brutalidad utilizada por la CIA y sus maniobras para encubrirla y engañar al público y la clase política. El informe concluye que los métodos empleados fueron "más brutales" de lo que se dijo al Congreso y resultaron inefectivos a la hora de obtener información valiosa, hasta el punto que "nunca condujeron a una amenaza inminente". Este último punto refuta el argumento utilizado por la Administración Bush para justificar unas prácticas que, según el informe, "equivalieron a tortura en algunos casos".

El informe (http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf) es el resultado de más de cuatro años de trabajo, que sirvieron para examinar más de seis millones de documentos. Únicamente se han hecho públicas las conclusiones, cerca de 500 páginas donde se dice que los programas de la CIA "violaron las leyes de EE UU, los tratados firmados y nuestros valores". El grueso del documento, que tiene 6.700 páginas, permanece clasificado. "El informe refuerza mi opinión mantenida desde hace tiempo de que estos duros métodos no son consistentes con nuestros valores ni sirvieron a nuestros esfuerzos antiterroristas en un sentido más amplio o a nuestros intereses de seguridad nacional", ha dicho el presidente Barack Obama tras su publicación.

Perseguir judicialmente

Obama acabó con estas prácticas nada más llegar a la Casa Blanca en el 2009, pero su Administración se negó a perseguir judicialmente a los autores y responsables de los abusos, y más tarde quiso que el informe hecho público este martes por el Comité de Inteligencia del Senado apareciera más editado de lo que finalmente lo ha hecho. El informe puede leerse como un repertorio de métodos macabros. Dice por ejemplo que a algunos prisioneros se les mantuvo despiertos sin dormir durante una semana; a otros se les "alimentó por el recto" para someter su voluntad o se les sometió a ahogamientos simulados. Parte del trabajo se subcontrató, llegándose a pagar 80 millones de dólares a dos contratistas para que torturaran a los detenidos.