El domingo pasado, al contactar al Departamento de Estado de Estados Unidos solicitando información sobre la alerta de viaje que habían emitido para sus ciudadanos respecto a un posible atentado terrorista en La Rambla, se recibían varias de las típicas respuestas automáticas que se preparan en vacaciones. La de uno de los portavoces, no obstante, explicaba que no se encontraba en la oficina «por la suspensión temporal provocada por la falta de asignaciones (de fondos) del Gobierno estadounidense». No daba ninguna fecha para su reincorporación.
Ese funcionario no es el único que no sabe cuándo volverá al trabajo. El cierre parcial del Gobierno estadounidense, que arrancó el sábado ante la falta de un acuerdo en el Congreso para dotar de presupuesto a nueve departamentos y varias agencias federales, entró ayer en su sexto día. El nudo que ha atascado la negociación es la determinación del presidente, Donald Trump, de no estampar su firma en ninguna cuenta que no incluyan los 5.000 millones de dólares que reclama para el «muro» en la frontera con México. Y aunque el Senado ha reiniciado sus sesiones tras el descanso de Navidad, no hay visos de progreso.
Los demócratas, que el 3 de enero se harán con el control de la Cámara de Representantes cuando tome posesión el Congreso salido de las elecciones de noviembre, no tienen ningún incentivo político para ceder antes de ese momento a las presiones de la Casa Blanca.
SIN FONDOS PARA EL MURO
Trump, que hace diez días se mostraba dispuesto a aprobar cuentas sin los fondos para el muro, dio hace una semana un giro de 180 grados ante las duras críticas de comentaristas en el espectro más radical y la amenaza de rebelión de los congresistas ultraconservadores. Se aferró de nuevo a la promesa de campaña y no parece dispuesto a dar marcha atrás.
El impasse da casi por seguro que el cierre parcial se va a prolongar hasta el 2019. No hay votos agendados en el Senado. La Cámara Baja no está en sesión y un líder republicano allí ha informado a los representantes de que no les convocará hasta que haya un acuerdo en la Alta. Y todo apunta a que las cosas solo se empezarán a mover cuando tome posesión el nuevo Congreso, aunque incluso entonces dominará la incertidumbre. El día 3 de enero los demócratas podrían presentar y aprobar en la Cámara de Representantes un acuerdo con presupuestos hasta el 8 de febrero que incluiría fondos para seguridad fronteriza pero no incluiría los que Trump reclama específicamente para el muro. Incluso si esas cuentas recibieran luz verde en el Senado, que siguen controlando los republicanos, el presidente podría negarse a firmarlas.
Como casi todo desde hace tiempo en Washington, el cierre se vive en términos de polarización política, división y partidismo. Ayer Trump, que el día de Navidad aseguraba que «muchos funcionarios quieren el muro», insinuaba en Twitter que los más afectados son votantes demócratas. El miércoles, en su visita sorpresa a las tropas en Irak, también insistía: «Necesitamos un muro».
El cierre tiene también, no obstante, consecuencias prácticas para los ciudadanos, que ven limitado el acceso a algunos servicios y, especialmente, para los funcionarios. Unos 420.000 considerados esenciales (como los controladores de tráfico aéreo o encargados de controlar la seguridad alimentaria) siguen trabajando aunque sin cobrar por ahora. Otros 380.000 se quedan en sus casas, también sin sueldo.
Aunque en cierres anteriores como el 2013, que tuvo en la raíz la guerra política por el Obamacare y se prolongó 16 días, todos acabaron cobrando (incluso por trabajo que no se realizó y que acabó costando a las arcas públcias 2.000 millones), enfrentan ahora la inseguridad.
En un país donde es frecuente vivir cheque a cheque, el gobierno incluso ha preparado cartas de ejemplo para que empleados federales afectados que no puedan hacer frente a gastos como el alquiler expliquen la situación a sus caseros.
