Cinco menores inmigrantes detenidos denunciaron ayer al Gobierno de EEUU por las políticas y prácticas que, en su opinión, está empleando de manera ilegal para prolongar su arresto y retrasar la reunificación con sus familias, así como la administración de antidepresivos sin su consentimiento. Oiginarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, los denunciantes, que llegaron a EEUU entre 2017 y 2018, aseguraron que las autoridades "están causando un grave daño" a los jóvenes indocumentados al retenerlos en condiciones similares a las de una cárcel.

La demanda sostiene, además, que los menores están recibiendo potentes medicamentos sin su consentimiento y sin "una supervisión prudente". Lucas, un niño guatemalteco de 12 años que supuestamente recibió en el albergue medicinas para la depresión sin consentimiento familiar, encabeza la demanda colectiva.

La demanda es contra las políticas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS), la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), explicó a Efe Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis y uno de los abogados que representan a los menores. "HSS está colocando a estos niños en centros de detención donde se sabe que les administran poderosos medicamentos durante meses y hasta años violando sus derechos", advirtió Cooper. Asimismo, la denuncia arremete contra los intentos del Ejecutivo para retrasar la reunión de estos menores con sus familiares.

PLENA POLÉMICA

Los demandantes argumentan que, de esta manera, las autoridades están violando los puntos de un acuerdo judicial conocido como "Flores", que en 1997 determinó que los menores inmigrantes deben ser detenidos en las condiciones "menos restrictivas" posibles y durante un periodo máximo de 20 días.

La denuncia llega en plena polémica en EEUU por la separación de familias de inmigrantes en la frontera con México. Washington puso en marcha en abril las llamadas políticas de "tolerancia cero", por las que los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera pasan a ser procesados criminalmente, lo que implica la división de familias con menores.

La semana pasada, el presidente Donald Trump decretó el fin de las separaciones de familias en la frontera debido a las duras críticas recibidas. Desde entonces, el Gobierno ha reunido a 538 niños con sus parientes, aunque más de 2.000 menores siguen recluidos y apartados de sus familiares, según datos de la Casa Blanca.