La Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro hace aflorar en todo momento expresiones de malestar más allá de la oposición antichavista. La exDefensora del Pueblo y diputada nacional, Gabriela Ramírez, se ha sumado al coro de voces críticas de figuras que han acompañado a Hugo Chávez o, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz, se encuentran actualmente dentro de las estructuras de poder.
Ramírez ha calificado la iniciativa de regresiva “en materia de derechos humanos”, lo que ha provocado revuelo. “Es impensable elegir constituyentes si todo el pueblo no aprobó antes cuáles serán los términos y condiciones de esa elección. Y luego, esos señores deberán volver a someter a la aprobación popular el producto de su labor”, ha dicho, “¿Con Chávez manda el pueblo no era la síntesis de nuestro proyecto político? ¿Qué discurso leguleyo, que punto o que coma puede dar al traste con una consulta ampliada a lo que la mayoría de los venezolanos desean para su patria en esta hora violenta y oscura? ¿Qué artículo en solitario puede violar la esencia de todo un texto que grita en cada párrafo que somos una democracia participativa y protagónica?”. Para Ramírez “ninguna Asamblea puede catalogarse como Constituyente si primero no bebe de la soberanía popular”. Sus bases, ha insistido, deben pasar por la aprobación universal y directa de todo el país.
Ramírez ha lamentado además la muerte de más de 50 ciudadanos en las protestas contra el Gobierno. La opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) las ha atribuido exclusivamente a las fuerzas de seguridad. Las autoridades aseguran que muchas víctimas son provocadas por grupos de delincuentes de extraño financiamiento. “La derecha debe desarmar el odio y a estas bandas criminales”, dijo el domingo Maduro.
Ramírez es concluyente en lo que respecta a las responsabilidades políticas por la crisis. El texto de la exDefensora del Pueblo, quien abandonó su cargo en 2014, ha provocado fuerte impacto mediático. “Desde hace dos meses hay vidas que se escurren como agua derramada por un desagüe que ninguno parece capaz de contener. Y si entendemos que se violan derechos humanos por actuación u omisión, impedir esas muertes es una enorme responsabilidad del Estado y la sociedad porque si no somos capaces de sentir compasión por la muerte de un compatriota -y ya son más de cincuenta- no merecemos ser definidos como humanos”.
Anticipándose al calificativo de “desleal” del Gobierno, Ramírez ha asegurado: “las lealtades son con nuestra madre, Venezuela, con todo su pueblo, a quien teníamos la obligación de mantener enamorado y con sus símbolos patrios”.
SALIDA NEGOCIADA
En medio de una nueva semana de movilizaciones opositoras, un 84% de los venezolanos se ha mostrado de acuerdo de intentar una vez más que el Gobierno y la MUD vuelvan a sentarse alrededor de una mesa para encontrar una salida negociada a la crisis. De acuerdo con una reciente encuesta de Hinterlaces, solo un 13% ha expresado su rechazo a una solución consensuada. A su vez, un 79% ha manifestado su desacuerdo con una intervención internacional para forzar la salida de Maduro. Un 63% de las personas entrevistadas asegura que se deben esperar los comicios presidenciales de 2018 para que abandone su cargo mientras 36% exige su “salida ya”.
