Jeremy Corbyn corre el peligro de enfurecer a sus seguidores de la izquierda radical después de aceptar por primera vez un control de la inmigración. Hostil hasta ahora a cualquier limitación de entrada de extranjeros en el país, en el discurso inaugural del año pronunciado en Peterborough, ha dado un giro sustancial y ha hablado de “gestionar razonablemente” la inmigración.

El Partido Laborista “no está aferrado al principio de la libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE, pero no quiero que se me malinterprete, tampoco la descartamos”, ha afirmado. Corbyn no ha querido especificar cuál sería el límite de inmigrantes aceptable tras el ‘brexit’, pero se ha mostrado favorable a la “reducción de trabajadores de la UE en los sectores menos regulados”.

Su nueva y confusa posición se interpreta como un intento de reconectar con los electores decepcionados con el laborismo, que votaron a favor de la salida de la UE y que podrían terminar haciéndolo por el partido xenófobo de extrema derecha UKIP en las generales. Para ellos, una de las preocupaciones esenciales es la inmigración del Este de Europa.

Corbyn, que en 1975 votó contra la pertenencia al Mercado Común y fue criticado durante la campaña del referéndum por una pasividad que contribuyó a la derrota de la permanencia, confirmó que el partido no bloqueará el ‘brexit’ en el Parlamento, ni defenderá la convocatoria de una segunda consulta. Los laboristas -aseguró- “garantizarán lo derechos” de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido y que mantendrán las puertas abiertas a “los estudiantes extranjeros”. “Los laboristas han servido en bandeja el proceso del ‘brexit’ a los conservadores”, fue la conclusión de la líder del Partido Verde, Caroline Lucas. “La oposición ha desaparecido”.

TOPE A LOS INGRESOS

Corbyn ha arremetido una vez más contra “las élites gobernantes” y ha propuesto poner un tope máximo a los ingresos de los directivos, para limar la desigualdad existente con el resto de los empleados. De acuerdo con su propuesta, los altos cargos deben cobrar como máximo un salario veinte veces mayor que el que ganan los trabajadores de plantilla peor pagados.

La medida afectaría al sector público y “a cualquier compañía que gane un contrato con el Gobierno”, ha señalado. Algunas pagan más de un millón de libras al año (1,1 millones de euros) a los ejecutivos. Las estadísticas muestran que la desigualdad entre asalariados no para de aumentar. Hace 20 años, según recuerda la columnista Polly Toybee, la paga de los más altos ejecutivos en la City era 45 veces mayor que la media de los empleados. Ahora esa diferencia es de más de 130 veces.