Muchos esperaban que para cuando llegara el fin de semana del 4 de julio, este año con el principal festivo adelantado al viernes, el coronavirus estaría bajo control y Estados Unidos podría entregarse a sus tradicionales celebraciones del día de la Independencia. La fuerza con la que el virus se propaga descontrolado en el país, especialmente en estados del sur y el oeste, ha hecho desvanecerse la idea. Al menos ocho estados batieron de nuevo el jueves récords de contagios, son ya más de 2,74 millones los casos detectados en el país y cerca de 129.000 los muertos. Y el mensaje dominante ahora de las autoridades, con excepción del presidente, Donald Trump, es evitar celebraciones y aglomeraciones.
Mientras el presidente viajaba a Dakota del sur para una celebración con miles de personas en el monte Rushmore (una visita protestada por las comunidades nativas americanas y que ha provocado alerta por los riesgos sanitarios y de incendios), se han cancelado los tradicionales fuegos artificiales y desfiles en varios puntos del país. Se ha instado a los ciudadanos a limitar los invitados a las barbacoas. También se han cerrado playas en lugares como el condado de Miami-Dade en Florida, en el sur de California y hay cierres y restricciones de acceso en las de la costa de Texas.
Obligación de mascarillas
En el sureño estado el gobernador republicano, Greg Abbott, dio permiso el jueves a alcaldes y jueces para imponer restricciones de reuniones en público de más de 10 personas y firmó una orden ejecutiva imponiendo el uso de mascarillas en público en los condados con 20 positivos o más (aunque con excepciones como los servicios religiosos o en restaurantes). Hace solo un mes emitía una orden impidiendo a gobiernos locales poner multas por no llevarla.
El giro de Abbott es la mayor evidencia del cambio que muchos conservadores están teniendo sobre la mascarilla, incluyendo líderes del Partido Republicano. Y es cuestión de salud pero también económica: líderes empresariales han pedido a la Casa Blanca que trabaje con gobernadores para desarrollar directrices obligatorias para su uso. Un estudio de Goldman Sachs ha mostrado que hacerlo podría ayudar a evitar cierres, cuyo coste en la economía se calcula en un 5% del PIB.
